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La nota lleva las firmas de los excancilleres nacionales Luis María Ramírez Boettner, José Antonio Moreno Ruffinelli, Leila Rachid y Carlos Augusto Saldívar y de los exdiplomáticos Luis Enrique Chase Plate, Eladio Loizaga y Eduardo Ynsfrán Saldívar.
En la misma, los profesionales señalan que consideran necesario dejar sentada una posición respecto al doble estándar con el que los organismos internacionales juzgaron por un lado el caso paraguayo, en que la Unasur y el Mercosur incluso suspendieron irregularmente al Paraguay, a pesar de haber respetado puntillosamente los artículos constitucionales referidos al juicio político, y por otro, la situación completamente irregular del gobierno venezolano, donde se da –indican– “un llamativo silencio respecto al señor Nicolás Maduro, quien siendo vicepresidente designado por un período que feneció el 10 de enero, asumió la titularidad del gobierno sin ningún acto administrativo o acto de poder del presidente electo, que no tomó posesión del cargo, a raíz de su penosa enfermedad”.
“No hubo pronunciamiento ni del Mercosur ni de Unasur, lo que evidencia un trato con parcialidad manifiesta, bajo un signo ideológico extremo, con una visible discriminación en perjuicio de la República del Paraguay”, indican los diplomáticos colorados.
Reiteran que lo actuado por los presidentes latinoamericanos en la Cumbre de Mendoza, el 29 de junio de 2012, ha quebrantado el principio de la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los Estados y la no intervención, consagrados tanto en nuestra Constitución como en el Derecho Internacional Público, además de haberse negado al Paraguay el derecho a la legítima defensa.
“En el caso actual de Venezuela –señalan– se debió iniciar el procedimiento contemplado en el Protocolo de Ushuaia I, suscrito el 24 de julio de 1998, pero con las consultas pertinentes entre los Estados partes del Mercosur y el Estado afectado”.
Asimismo indican que se debió solicitar ante la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. “Se considera un deber dejar constancia de que en este caso Unasur y OEA han actuado con un criterio absolutamente inaceptable, han buscado subterfugios legales para permitir un gobierno ilegítimo”.