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Viernes 17 de abril de 2015. Fue el día en que trajeron esposados desde Laguna Corochiré (departamento de Alto Paraguay) hasta Loma Plata a toda una familia, asentada desde hacía 53 años en tierras donde tenían estancia, ganado y hasta una pista de aterrizaje. Eran dos camionetas, ambas particulares (una del fiscal Celso René Morales y otra de la empresa Agroosa que terminó quedándose con la propiedad de la familia).
En una de las camionetas iban Ángel Ayala, su madre Alicia Garcete y su pareja, el doctor Jaime Apthorpe, un hombre de 60 años. Hacía frío y los traían esposados. Acompañaba la comitiva un oficial de justicia de nombre Eugenio Simón Flecha.
Ángel y el Dr. Apthorpe viajaban expuestos al frío en la carrocería de una de las camionetas. Tuvieron que viajar en esas condiciones casi 285 kilómetros de malos caminos desde las tierras que ocupaban desde 1962 en Alto Paraguay hasta la comisaría de Loma Plata.
Todo porque el senador Óscar González Daher y su entorno le habían puesto el ojo a su propiedad, con estancia, ganado y hasta pista de aterrizaje. Una vez más, habían utilizado al sistema judicial para consumar lo que querían.
Cinco décadas después
El calvario de la familia Garcete había comenzado ya en diciembre de 2010. De un día al otro representantes de firmas brasileñas reclamaron como suyas las tierras que ellos ocupaban hacía ya casi cinco décadas.
Roberto Garcete llegó a Corochiré en 1963. Fue como capataz de la empresa Duger Homes Inc, propiedad de un coronel norteamericano de apellido Wanders. La firma había obtenido permisos del Estado para realizar extracciones de tanino (quebracho). El gerente de Duger, Roberto Eaton, le encomendó que estableciera una población en la zona y le permitió el traslado de 400 cabezas de ganado vacuno de su propiedad. La empresa le prometió que nadie le molestaría y que cederían documentos para su seguridad.
Los documentos se extraviaron durante la inundación de 1983. A la par, la propietaria original se fragmentó en varias empresas que cambiaron una y otra vez de nombre mientras fraccionaban las miles de hectáreas que formaban parte de la propiedad original.
En 2003 los hijos de don Roberto Garcete iniciaron un juicio de usucapión para poder regularizar los títulos de las 12.600 hectáreas que ocupaban y en las que trabajaban desde 1963. Pero en diciembre de 2010 representantes de dos ganaderas, Shina Porá y Panambi Porá, aparecieron como supuestos dueños. Al precio de mercado actual, esas propiedades tendrían un valor de unos US$ 12 millones.
Violencia injustificada
Las ganaderas no solo desalojaron a los miembros de la familia Ayala Garcete sino también a varios vecinos. En total fueron desalojadas cinco familias encabezadas por Federico Amarilla, Aneida Hoyos, Lilian Hoyos, Óscar Ortega y Alfonso Villalba, de acuerdo a publicaciones del diario Última Hora.
En algunos casos el uso de la violencia llegó a niveles intolerables. Según relatos, algunos de los desalojados fueron obligados a firmar cesiones de sus propiedades a punta de armas de fuego. Ambas empresas (Shina Porá y Panambí Porá) tienen historial de atropellos denunciados contra pueblos originarios del Alto Chaco.
Aparece OGD
De acuerdo a informes comerciales, Shina Porá es propiedad de los brasileños Luiz Augusto Rodrigues Da Cunha y Luiz Augusto Rodrigues Da Cunha Junior. Ambos aparecen vinculados a varias empresas más como Paraguaynvest SA y Kiri SA, ambas constituidas ante la escribana Nélida Chávez de González, esposa del senador colorado cartista Óscar González Daher, imputado por cohecho pasivo y tráfico de influencias.
Los Rodrigues Da Cunha también aparecen como presidente y vicepresidente de la firma BSC Paraguay SA que tiene como síndica titular a la abogada Beatriz Chávez, hermana de la escribana Nélida de González y cuñada del senador González Daher.
juan.lezcano@abc.com.py