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Filizzola fue imputado por supuestas irregularidades cuando se desempeñaba como ministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo. El documento subraya que el Poder Judicial tiene un rol central en las democracias de cada país y hace un llamamiento para el cese de su “instrumentalización”. Así también, el bloque se solidariza con los políticos que reciben restricciones a sus derechos por razones políticas y condena la judicialización de personeros de sus partidos miembros en la región. “Particularmente los que se encuentran en la oposición, como es el caso en Paraguay con Rafael Filizzola, presidente del PDP (asociado a la Internacional Socialista), y en Bolivia con Samuel Doria Medina, presidente de UN”, reza el comunicado.
Filizzola fue ministro del Interior de agosto de 2008 a junio de 2011 y soporta dos procesos supuestamente por un perjuicio de G. 50.000 millones mediante la compra de helicópteros para la Policía Nacional y por sobrefacturación de obras en 22 comisarías por G. 1.131 millones.
Filizzola manifestó que demostró que no cometió delitos y que se trata de una persecución política por parte del actual Gobierno por no apoyar proyectos que interesan al Ejecutivo.