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En el documento se establece, entre otras cosas, que la Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargará de gerenciar varios procesos de contrataciones del ministerio (licitaciones para compra de insumos, medicamentos, vehículos). El monto inicial era de US$ 2.120.000.
Posterior a esto, un punto resaltante y llamativo es que en un lapso de apenas 60 días (a partir de la firma de la adenda Nº 3 y hasta la adenda Nº 6, ver infografía), el valor del proyecto ha aumentado en US$ 28.030.011, lo que representa un crecimiento del 1.005% con relación al monto inicial.
El acuerdo firmado entre ambas instituciones se sustancia en el marco de la Ley 686/77 que aprueba y ratifica el acuerdo de asistencia técnica entre la República del Paraguay y el PNUD.
Esta ley establece que el PNUD solo prestará asistencia en virtud de este acuerdo en respuesta a solicitudes presentadas por el gobierno y aprobadas por el organismo. “Se concederá tal asistencia al gobierno o la entidad que el gobierno designe y se proporcionará y recibirá de conformidad a las resoluciones y decisiones pertinentes y aplicables de los órganos competentes del PNUD y a reserva que el PNUD disponga de los fondos necesarios”, dice la normativa.
Sin embargo, el acuerdo firmado por la ministra Martínez, en representación del gobierno paraguayo, no cuenta con un decreto del Poder Ejecutivo y además compromete fondos del Estado para financiar el 100% del proyecto.
Sobrecostos para el Estado
A esto se suma que el gerenciamiento de los procesos de contrataciones tiene un costo del 6% del valor total del proyecto. Hoy día dicho concepto alcanza la suma de US$ 1.586.596.
Si bien el representante del PNUD, Jiménez de Luis, afirma que lo que existe en varios procedimientos es una política de recuperación de costos aprobada por los Estados Miembros, y no precisamente se pretende lucrar.
Pero desde el momento en que el organismo percibe el 6% por gerenciar las licitaciones, automáticamente se constituye en un sobrecosto, teniendo en cuenta que todas las instituciones públicas cuentan con sus respectivas Unidades Operativas de Contrataciones, que están para hacer ese trabajo, que en este caso es cedido al PNUD, invocando un acuerdo internacional.
Esta también es la interpretación que hace la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que ya sentó postura sobre el tema, ya que el PNUD, antes de ofrecer una asistencia técnica a las instituciones, está supliendo roles que competen exclusivamente a las dependencias públicas.