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Señaló que es necesario que la rendición de cuentas sea realizada por una comisión bicameral y establecer sanciones a quienes filtren información de los gastos.
“Tiene que ser una comisión de rendición de cuentas que reúna toda la discreción necesaria, que se guarde la información por 10 años y quien revele algún tipo de dato (sobre los gastos reservados) sea pasible de sanciones penales. Este en relación a funcionarios y congresistas”, explicó el parlamentario y exfiscal.
Mencionó que es necesario conocer a dónde son destinados los gastos reservados y verificar si existen irregularidades. “Creemos que debe mantenerse así pero tienen que rendir cuentas. Yo tengo que saber si 100 millones de guaraníes se gastó para un informante pero si después veo en la rendición de cuentas que ese mismo informante recibió otros 100 millones de guaraníes, eso me da la pauta de ¿qué es lo que pasa acá?”, dijo el senador.
El proyecto
La iniciativa legislativa fue impulsada el 16 de diciembre de 2013 por los senadores del Partido Democrático Progresista (PDP): Giuzzio, Desirée Masi y Pedro Santa Cruz; los independientes Eduardo Petta y Carlos Amarilla y del Frente Guasu, Hugo Richer. La propuesta pretende que el Congreso controle los gastos reservados de la Presidencia, ministerios de Interior y Defensa, Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público.
También detalla que los citados fondos no pueden ser utilizados para pago de honorarios ni financiar campañas políticas de partidos políticos. Además, con la intención de preservar la probidad de quienes tengan acceso a los gastos reservados, se les requerirá una declaración jurada de bienes y rentas de manera anual.