En duda la vigencia de norma que invoca Ivesur en demanda

La Ley Orgánica Municipal 1294/97 nunca fue publicada como exige la Constitución, por tanto está en duda su vigencia, según confirma una nota remitida en el año 2000 por el director de la Gaceta Oficial, Juan Carlos Cazal, a un grupo de vecinos organizados de Asunción. Esto pone en duda la validez de la ordenanza en la cual la empresa Ivesur se basa para reclamar a Asunción US$ 12.000.000.

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En el año 2000, el director de la Gaceta Oficial Juan Carlos Cazal, confirmó a un grupo de vecinos organizados de Asunción, que la Ley Orgánica 1294/87, en la que todos los municipios basaban sus acciones, nunca fue publicada, por tanto estaba en duda su validez. La Constitución, en su Art. 213 señala que la ley no obliga en virtud de su promulgación y su publicación.

La dudosa vigencia a su vez pone en cuestión todas las ordenanzas emitidas desde 1987 hasta el 2010, cuando fue reemplazada por la Ley 3966/10. En este grupo está la normativa número 28/97 de la Junta Municipal en la que sustenta la empresa verificadora de vehículos Ivesur su demanda contra Asunción, por un monto de US$ 12.000.000.

La ordenanza señala que el 100% de los vehículos de la capital y aquellos que ingresan del interior del país deberán pasar obligatoriamente por verificación; e Ivesur agrega que la Comuna se comprometió a hacer cumplir esta normativa.

Sin embargo, entre los años 2008 y 2012, Asunción nunca controló si los rodados hicieron la inspección técnica vehicular, por tanto violó el contrato, señala. El abogado Julio Samaniego, quien defendió a la Municipalidad de Asunción en el caso, asegura que esa cláusula del contrato es de cumplimiento imposible, pues la ley señala que todo ciudadano que paga su impuesto en su municipio tiene derecho a transitar por toda la República, sin más requerimiento.

Las dudas sobre la vigencia de la normativa en cuestión es otro condimento que se suma a la ya sospechosa demanda de Ivesur que se tramita ante el Centro de Arbitraje del Paraguay.

La demanda se inició en el 2012 y la firma solicitaba US$ 9.000.000, pero a inicio de año, ya bajo la administración de Mario Ferreiro, decidió aumentar su requerimiento a U$S 12.000.000. Al expediente fue agregado un llamativo acuerdo entre Ivesur y su abogado Juan Ernesto Villamayor, donde se establece que del dinero cobrado 50% será para la empresa y 50% para el abogado. El ingeniero Augusto Ríos Tonina solicitó a la Contraloría auditar el arbitraje. El martes amplió y pidió revisar la vigencia de la ordenanza.

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