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La inacción está provocando grave y negativo impacto en el presupuesto de Cancillería, dificultando el cumplimiento de compromisos asumidos, que incluyen salarios y beneficios sociales, dice un comunicado.El comunicado de Cancillería dice que Peña Bareiro es director de Planificación Política del Ministerio de Relaciones Exteriores y percibe un salario de G. 6.017.025. Señala que en el juicio que inició el funcionario contra el Ministerio de RR.EE. cobró en mayo del 2011 US$ 344.445 y G. 243.796.708. En total G. 1.617.098.923. Grafica que para percibir esa suma un funcionario que gana el salario mínimo (G. 1.658.200) necesita trabajar 975 meses, o sea 81 años y un funcionario que gana el sueldo de embajador G. 6.017.025, 268 meses, o sea 22 años.
Agrega que el 30 de mayo pasado el Juzgado fijó una nueva liquidación de lo adeudado a Peña Bareiro, estableciendo en tal concepto la suma de G. 5.776.236.869, que representa aproximadamente US$ 1.448.767, al cambio del día.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, ajustándose a las disposiciones constitucionales y legales que confieren a la Procuraduría General de la República la representación y defensa de los intereses patrimoniales del Estado, solicitó reiteradamente a esa institución que adopte las acciones correspondientes, teniendo en cuenta el grave y negativo impacto que la decisión judicial y el embargo trabado sobre las cuentas del Ministerio generan sobre el presupuesto del mismo, dificultando el cumplimiento de compromisos asumidos, que incluyen el pago de salarios y beneficios sociales", expresa el comunicado de Cancillería.
Seguidamente expresa que de cancelarse la suma fijada en la última liquidación, el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro percibirá en total, con lo que ya ha recibido, aproximadamente G. 7.393.335.792, que al cambio al dólar da un monto de US$ 1.854.360. "Cabe señalar que la suma inicialmente reclamada por su abogada en el juicio, el 4 de febrero de 2010, fue de US$ 826.901", concluye.
El director de Asuntos Legales de la Cancillería, José Pereira, dijo ayer que precisan del informe cierto y concluyente de Procuraduría sobre la situación.
En relación con los sectores afectados por el embargo trabado que dispuso la jueza Mafalda Benítez, Pereira explicó que se trata de las transferencias de las retenciones que se realizan a las asociaciones de funcionarios, para los sindicatos, las cooperativas, así como órdenes judiciales de juicios sobre cobro de guaraníes y prestaciones de alimentos.
"Estamos en una situación bastante grave con el embargo que se trabó", puntualizó.
Agrega que el 30 de mayo pasado el Juzgado fijó una nueva liquidación de lo adeudado a Peña Bareiro, estableciendo en tal concepto la suma de G. 5.776.236.869, que representa aproximadamente US$ 1.448.767, al cambio del día.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, ajustándose a las disposiciones constitucionales y legales que confieren a la Procuraduría General de la República la representación y defensa de los intereses patrimoniales del Estado, solicitó reiteradamente a esa institución que adopte las acciones correspondientes, teniendo en cuenta el grave y negativo impacto que la decisión judicial y el embargo trabado sobre las cuentas del Ministerio generan sobre el presupuesto del mismo, dificultando el cumplimiento de compromisos asumidos, que incluyen el pago de salarios y beneficios sociales", expresa el comunicado de Cancillería.
Seguidamente expresa que de cancelarse la suma fijada en la última liquidación, el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro percibirá en total, con lo que ya ha recibido, aproximadamente G. 7.393.335.792, que al cambio al dólar da un monto de US$ 1.854.360. "Cabe señalar que la suma inicialmente reclamada por su abogada en el juicio, el 4 de febrero de 2010, fue de US$ 826.901", concluye.
El director de Asuntos Legales de la Cancillería, José Pereira, dijo ayer que precisan del informe cierto y concluyente de Procuraduría sobre la situación.
En relación con los sectores afectados por el embargo trabado que dispuso la jueza Mafalda Benítez, Pereira explicó que se trata de las transferencias de las retenciones que se realizan a las asociaciones de funcionarios, para los sindicatos, las cooperativas, así como órdenes judiciales de juicios sobre cobro de guaraníes y prestaciones de alimentos.
"Estamos en una situación bastante grave con el embargo que se trabó", puntualizó.