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Un total de 365 contratos con unas 65 instituciones públicas. El caso del grupo empresarial liderado por el exdiputado colorado José Chamorro y su hijo, Óscar Chamorro Lafarja, es casi digno de estudio.
A través de casi una quincena de empresas y consorcios, los Chamorro se enbolsillaron del Estado más de G. 800.000 millones (unos 140 millones de dólares) desde 2010 hasta principios de este año. El monto va en ascenso a medida que fuentes van ayudando a descubrir más y más firmas vinculadas a esta familia y sus socios.
Aunque Chamorro Lafarja aseguró días atrás que son las firmas privadas las que más dinero le representan, los números muestran que es el Estado el que permite sobrevivir a la patria contratista del “partner” del senador liberal llanista Dionisio Amarilla.
Cuanto más gastaba IPS, ellos ganaban más
El Instituto de Previsión Social (IPS) es el ente administrado por el Estado que más dinero ha entregado a la red de empresas de los Chamorro.
En la última década, los administradores del ente desembolsaron más de G. 360.000 millones de los asegurados a los Chamorro.
De ese total, G. 322.000 millones fueron entregados a las firmas SST Security Service Technology SA y Bullers SA por servicios de seguridad y vigilancia.
Curiosamente, el IPS aumentó en más de 1.000% sus gastos en servicios de seguridad y vigilancia. A la par, crecieron los beneficios para los Chamorro.
En 2008, el ente destinaba apenas G. 9.000 millones para la compra de seguridad y vigilancia.
Para 2010, el monto había superado ya la barrera de los G. 20.000 millones. Todo ese dinero fue destinado a Bullers y SST, firmas de la familia Chamorro.
También los años que el IPS destinó menos dinero a seguridad y vigilancia, fueron los años en los que las firmas de Chamorro sufrieron en sus ingresos.
En 2016, el IPS gastó en este concepto “apenas” G. 45.000 millones, de los cuales G. 27.000 millones fueron para estas dos empresas.
La ejecución de 2017 en seguridad y vigilancia se disparó en IPS y así también las ganancias de los Chamorro, pues recibieron contratos por G. 129.000 millones.
Esos contratos vencen en unos días más y el ente tenía previsto entregar uno nuevo a ambas firmas por valor de G. 140.000 millones tras una licitación plagada de irregularidades, como pliegos direccionados y sobreprecios por más de G. 40.000 millones.
Precisamente, Chamorro recurrió a su “partner”, el senador llanista Dionisio Amarilla, para pedirle auxilio por un problema “comunicacional” que se había desatado como consecuencia de las publicaciones de ABC Color sobre esas irregularidades.
Tras esa conversación y previo contacto con la productora María Luz Peña, esta última intentó “desinflar” las publicaciones ofreciendo dinero a cambio de ello.
El “top de los 1.000 millones”
Más de 20 instituciones públicas tienen contratos por encima de la barrera de los G. 1.000 millones con los Chamorro (ver infografía).
Copaco es su segundo cliente más grande, con un total de G. 170.000 millones. Le sigue la ANDE con unos G. 44.000 millones; el Ministerio de Salud Pública con G. 43.000 millones; el Ministerio de Justicia con G. 34.000 millones y la Corte Suprema de Justicia, con G. 32.000 millones.
Sumando los contratos con estas últimas cinco entidades, las empresas de los Chamorro no alcanzan el monto facturado con el IPS. Quizá por ello intentaron “desinflar” publicaciones.
mariana.ladaga@abc.com.py