Cargando...
“No pudimos presentar las pruebas porque el juez (Hugo Sosa Pasmor) no nos permitió. Nos impidió. Le sobreseyó antes de que nosotros pudiéramos presentar la acusación”, expresó el exfiscal Arnaldo Giuzzio, ahora senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), con relación a la demanda por resarcimiento de G. 4.000 millones presentada por William Ruiz, abogado del senador colorado Víctor Bogado.
“La estructura judicial siempre está preparada para beneficiar y proteger a los corruptos”, sentenció.
Los propios funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) iban a salir de testigos del Ministerio Público, según el exfiscal.
“Los funcionarios sabían perfectamente que los teléfonos no fueron instalados en su totalidad y los pocos que se habían colocado no funcionaban”, sentenció.
Con los asistentes de la fiscalía se constituyeron en varios sitios donde supuestamente los teléfonos habían sido instalados y debían funcionar y no encontraron absolutamente nada.
De qué falta de pruebas van a hablar si ahora mismo se puede comprobar que los más de G. 12.000 millones que la Conatel desembolsó para un servicio que nunca fueron prestados, subrayó.
Añadió que “el peso de la ley solo cae sobre los más débiles y no sobre los poderosos políticos que fueron denunciados o investigados en algún momento por hechos de corrupción. Vayan a mirar en Tacumbú o en el Buen Pastor a ver si encuentran preso a algún exintendente, exgobernador, exdiputado o exsenador”, indicó. Con chicanas los corruptos que desviaron dinero de los entes públicos logran zafarse de cualquier condena, insistió.
Manifestó que teme que otros casos de corrupción queden igual que la causa de Bogado. Mencionó la investigación en contra del exintendente de Lambaré Juan Martínez, que desde hace varios años se traba para no ir a juicio. Martínez tenía una cuenta paralela para desviar el dinero ingresado en concepto de impuesto inmobiliario, recordó.
Asimismo, mencionó el caso del juez Roberto Martínez, protegido del ministro de la Corte Víctor Núñez. Esta causa, indicó Giuzzio, también se está por extinguir. El magistrado, quien está suspendido en sus funciones, está procesado por cohecho pasivo agravado desde el 2006.
Se aferró al fuero 5 años
La semana pasada, el Abog. William Ruiz, en representación del senador colorado, presentó la demanda pidiendo resarcimiento de G. 4.000 millones por “daños morales”. El sobreseimiento del legislador en las tres instancias demuestran “su inocencia” porque Giuzzio no presentó las pruebas para demostrar su culpabilidad. Además evidenció imparcialidad durante la investigación, dijo.
Recordemos que desde el 2005 la fiscalía no pudo investigar a Bogado porque se aferró a sus fueros hasta el 2010, año en que sorpresivamente “rogó” a sus colegas que lo desaforasen, para “someterse a la justicia”. Después de eso empezó a funcionar la maquinaria de blanqueamiento judicial.