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En una nota remitida al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, con tono de reprimenda, el gobierno nacional hizo constar graves irregularidades encontradas en el proceso licitatorio 23/19, por el cual a través de una subasta a la baja se concedió el servicio de seguridad privada y vigilancia.
Esta convocatoria estuvo dirigida a la provisión de un contrato de G. 140.000 millones a las empresa SST Security Service Technology y Bullers SA, vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner de facultad” del ahora destituido senador Dionisio Amarilla (PLRA).
Pese a quejas presentadas formalmente, el IPS cerró acuerdo con esta firma, pero tras publicaciones periodísticas que denunciaban el caso, el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó cancelar todo el proceso.
En la nota enviada a Rodríguez, el Gobierno nacional pide que se realice un sumario administrativo a los funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del IPS y llama la atención respecto a medidas que pudieron haberse tomado para evitar monopolios como los que, según las denuncias y los indicios encontrados, tenían las firmas de Chamorro Lafarja en el servicio de seguridad privada.
El Gobierno está conteste con la decisión del Consejo del IPS de dividir el llamado para el servicio de seguridad privada en dos lotes porque al reducirse los montos de los paquetes, habrá más participantes. Pero considera que esto no es suficiente y pide que en los pliegos de bases y condiciones se especifiquen características técnicas o programas informáticos que sean compatibles con otros de distinto origen, ya que así se impediría depender tecnológicamente de un solo proveedor y se evitarían un monopolio o trabas para que haya más oferentes en un concurso de precios.
Igualmente, el Gobierno llama la atención a Rodríguez porque en el portal web de IPS faltan datos sobre las licitaciones, como ser la nómina de quienes conforman los comités de evaluación de ofertas y el proceso de toma de decisiones en los llamados. Se considera en la nota que esta es información pública, comprendida en las generales de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Se insta igualmente al IPS a que revise los pliegos de bases y condiciones con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y con la sociedad civil, ya que esta última podría aportar datos respecto a quienes participan de los procesos.