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Rivas fue uno de los más férreos defensores de Ibáñez para que no renunciara al cargo, hace 15 días cuando su colega planteó la posibilidad en una reunión de bancada.
Cuando se trató la pérdida de investidura de su colega el 1 de agosto se abstuvo de votar, pero con su posición favoreció para que no se reunan 53 votos para destituir a su colega, ante el temor de que sea el próximo en la lista a ser destituidos.
La Fiscalía le imputó por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Rivas para evitar su desafuero apeló la resolución judicial, trabando toda posibilidad de que la Cámara de Diputados le retire la inmunidad, medida nunca antes utilizada por un legislador investigado.
Informes técnicos de la Fiscalía prueban que Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Neri Franco nunca estuvieron en las oficinas de la Cámara de Diputados, a pesar de que firmaban en las planillas de entrada y salida que eran avaladas por Rivas.
Según la Fiscalía Chamorro cobró G. 16 millones, Romero G. 16 millones de julio a febrero y Franco G. 15 millones de octubre a febrero.