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En la mañana de ayer, la ministra Gladys Bareiro se inhibió del caso por amistad con el senador Enrique Bacchetta (ANR-disidente). Minutos después, hizo lo propio la ministra Miryam Peña, por amistad con Mario Abdo Benítez (ANR-disidente), como lo hizo en ocasiones anteriores.
El caso quedó a cargo del ministro Antonio Fretes, presidente de la Sala Constitucional, quien en la semana próxima debe definir si atenderá el caso e impulsar la integración de la sala.
“Es una locura. Tenemos a dos ministros inhibiéndose y ¡mirá todo lo que está pasando! Nada de eso hubiera ocurrido, si resolvían la medida cautelar con el trámite de urgencia que solicitamos”, expresó anoche el abogado Sergio Coscia, en conversación telefónica con nuestro diario.
Coscia patrocinó la acción de los senadores que recurrieron a la Corte.
La presentación, que solicitan sea tratada por el pleno de la máxima instancia judicial, plantea que se dicte como medida de urgencia la suspensión de la resolución dictada el 28 de marzo pasado por el grupo de parlamentarios encabezado por el vicepresidente del Senado, Julio César Velázquez (ANR-cartista).
El tratamiento en el pleno depende de la petición de uno de los ministros. Solo se puede solicitar en casos electorales o de documentos de naturalización y este no es el caso.
Hasta llamó la atención a la Corte que los accionantes hayan pedido que el pleno de la Corte Suprema trate la medida cautelar, cuando que en la Sala Constitucional se hubiera agilizado el procedimiento.
La Sala Constitucional debe ser integrada por dos ministros de la Sala Civil.
Esta sala la integran José Torres Kirmser, Miguel Óscar Bajac y César Garay.
También en el ámbito judicial hay opiniones dispares sobre el efecto de la acción de inconstitucionalidad.
Mientras un grupo menciona que lo que resuelva la Corte sobre la sesión del 28 de marzo, en la cual se resolvió el cambio de reglamento, va a tener efecto sobre el proyecto de enmienda electoral, otro refiere que se debe presentar una nueva acción que esté referida a la sesión de ayer.
En todos los casos, la Fiscalía General del Estado va a tener que presentar un dictamen sobre el caso, aunque no es vinculante con lo que resuelva la Corte.
Recurrieron ante la Corte
La suspensión de la resolución que modifica el reglamento interno del Senado fue solicitada este jueves último a la Corte Suprema en carácter urgente por 14 senadores encabezados por el presidente del Congreso, Robert Acevedo (PLRA). Fue a través de una acción de inconstitucionalidad.
En el texto se menciona el atropello de un grupo de 25 senadores. Ayer, en una calcada sesión “mau”, los senadores violadores de la Constitución aprobaron el proyecto de enmienda que habilita la reelección.