Dos imputados por tráfico de influencias recuperan fueros

Óscar González Daher (ANR, cartista), quien perdió su investidura, y Jorge Oviedo Matto (Unace), quien renunció ante su inminente destitución como senador, jurarán esta tarde a las 15:00 como senadores, con lo cual recuperarán sus fueros. Ambos están imputados por supuesto tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, con lo cual pusieron de rodillas a la justicia.

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OGD desde el JEM lideraba “apriete”

Óscar González Daher (ANR, cartista) perdió su investidura el 22 de diciembre del año pasado, en una sesión donde 30 senadores decidieron expulsarlo de la Cámara tras la divulgación de una serie de audios filtrados desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). 

Intentó negar los audios, que involucraron también a su exsecretario Raúl Fernández Lippmann (imputado y con prisión domiliciaria). Pero luego de que se accedieran a más audios –en los que se escucha la inconfundible voz de González Daher– y tras perder sus fueros, la Fiscalía lo imputó por supuesto tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal. Hasta ahora la Fiscalía no logra acusarlo porque desde la justicia dilatan el caso, ya sea con inhibiciones o falta de designaciones de jueces.

Modus operandi 

González Daher ocupaba la presidencia del JEM (desde agosto 2016 hasta diciembre del 2017) y desde ahí lideraba todo tipo de apriete y chantaje a jueces, fiscales, autoridades, etc. En uno de los audios, el cartista revela que hizo firmar al diputado colorado Óscar Tuma un documento para beneficiar a su hermano Ramón González, dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y procesado en un caso de venta irregular de un millonario predio.

También se lo escucha pedir a una jueza que ayude a su amigo Walberto Zárate, quien en ese momento enfrentaba un juicio por denuncia falsa, por el que fue condenado a dos años y medio de prisión. El diputado electo Arnaldo Samaniego (ANR), que dejó un supuesto faltante de G. 28.922 millones a la Municipalidad de Asunción, que la Contraloría cajoneó, y el exintendente Roberto Cárdenas (ANR) fueron también beneficiados con un sobreseimiento provisional, por un supuesto fraude de G. 8.000 millones. 

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