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Los agentes Marlene González y Luis Said son nuevos fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y ahora seguirán con las diligencias investigativas contra el senador colorado Javier Zacarías Irún, sus familiares y socios comerciales.
La fiscala adjunta Soledad Machuca tomó esta determinación ante la recusación al titular de la causa, Leonardi Guerrero, y otros cuatro fiscales que le ayudaron a hacer allanamientos, Luis Piñánez, Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme.
El socio comercial del legislador colorado, Fernando Román Riquelme, recusó a los cinco fiscales porque supuestamente filtraban datos a la prensa.
En realidad, lo que cobra mayor fuerza es que lo hizo ante una inminente imputación penal.
Además de Javier Zacarías Irún, están en la mira su esposa Sandra McLeod (intendenta de Ciudad del Este) y sus hermanos el diputado Justo Zacarías Irún (exgobernador de Alto Paraná) y Margarita Zacarías Irún.
Asimismo, están siendo investigados los socios comerciales Fernando Román Riquelme y Arcenio Román Riquelme.
Hasta ahora, el Ministerio Público detectó dieciséis empresas vinculadas al clan Zacarías Irún que habrían contratado con el Estado durante más de una década y formarían a su vez parte de un esquema de lavado de dinero y evasión impositiva para cubrir la fortuna del senador Javier Zacarías Irún.
La causa se abrió por presunto enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y asociación criminal, pero saltaron hechos que configurarían otros delitos como evasión impositiva, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Lo más sospechoso es que el legislador cartista no estaba siquiera inscrito dentro del impuesto a la renta personal de forma llamativa, por lo que sus movimientos financieros no fueron controlados por las autoridades durante la gestión del presidente Horacio Cartes (2013-2018), años en los que el senador invirtió en sus empresas Gestiones del Este SA e Itapema Constructora.