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El 8 de marzo de 2013 tuvo entrada en Itaipú, un documento que el entonces presidente de Diputados, Víctor Bogado, envío al entonces director paraguayo de Itaipú, ingeniero Franklin Boccia, en donde solicitó el comisionamiento de la niñera de sus hijas Gabriela Quintana en la Cámara Baja hasta el 31 de diciembre.
El 4 de junio de 2013, Bogado volvió a enviar otro documento al director de la binacional, en el que le pide que Quintana siga prestando servicios en Diputados del 1 de agosto al 31 de diciembre.
Estas pruebas documentales que comprometen al legislador fueron agregadas a la acusación que el Ministerio Público presentó contra Bogado el 24 de abril de 2014. La fiscalía le atribuyó la comisión de los hechos punibles de estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice).
“Con dicha comisión, Víctor Bogado logró que Gabriela Quintana Venialgo percibiera remuneración de la Cámara de Diputados y de Itaipú en forma simultánea”, dice la fiscalía.
Según la fiscalía, Bogado estaba en pleno conocimiento de que Quintana no iba a poder cumplir funciones en la binacional, ya que ella fue nombrada como funcionaria permanente de la Cámara Baja el 17 de febrero de 2010; pero desde el 2 de julio de 2008 ya era contratada en Diputados.
El Ministerio Público sostiene que, además, cuenta con las planillas de asistencias firmadas por Bogado, para avalar que Quintana supuestamente asistía diariamente a cumplir funciones en la Cámara Baja. La Dirección de Recursos Humanos también informó que el legislador era el superior inmediato de la “niñera de oro”.
A las pruebas documentales se suman testimonios que fueron ofrecidos por la fiscalía ante la realización de un eventual juicio oral.
Es decir, el Ministerio Público tiene un cúmulo de pruebas que comprometen a Bogado en la comisión de estafa y cobro indebido de honorarios. Es por ello que el legislador dilata hace casi cinco años su proceso penal.
La justicia no puede realizar la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si Bogado y Quintana afrontan o no juicio oral.
El expediente hace casi dos años está en la Corte.
La estafa y el cobro indebido se castigan hasta con 5 años de cárcel cada hecho.