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Si bien la mayoría de los 19 integrantes de la bancada colorada está de acuerdo con el proyecto de ley: “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública” (más conocido como inversión público-privada), el disgusto se produce porque el Partido Colorado diplomáticamente le ordena a cada uno de los legisladores mediante el dictamen número 6, del 20 de setiembre pasado, que deben votar a favor.
El dictamen partidario de la Comisión de Finanzas y Asuntos Económicos de la ANR concluye que el citado proyecto “no es privatización, concesión ni tercerización de bienes del Estado y por ello no implica enajenación del patrimonio estatal”. Por tanto, sugiere “acompañar en general la aprobación del presente proyecto” tal como desea el presidente Horacio Cartes.
Asimismo, recomienda el cambio de denominación del proyecto por la “Ley de Asociación Público-Privada”.
El tratamiento de esta propuesta legislativa estaba incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Pero el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Darío Monges (ANR), solicitó la postergación para emitir un dictamen y estudiar mejor. Teniendo en cuenta que va a tener sanción ficta este miércoles 25 de setiembre, sugirió urgentemente la convocatoria a una reunión extraordinaria para el martes 24 de setiembre en horas de la tarde (probablemente a las 15:00).
Lo que dice el proyecto
Tiene por objetivo establecer normas y medidas para promover las inversiones en la infraestructura pública y en la prestación de los servicios a través de la participación público-privada. Posibilita el uso de los fideicomisos.
Todo contrato deberá contemplar un plazo máximo de 30 años, incluyendo sus prórrogas. Las obras incluidas son: infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, de navegación fluvial, eléctrica, entre otras.