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Explicó que los abogados de Itaipú consideran que la ley que obliga a informar a la ciudadanía los datos de los funcionarios y sus salarios viola el artículo 137 de la Constitución en el caso de la binacional y que tal situación ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia. “Claramente la Constitución está sobre el Tratado de Itaipú, pero un tratado internacional está sobre cualquier ley, pero eso se va a decidir en la Corte. Hay una sentencia, la número 280 de 2011 que me gustaría que lean”, dijo el funcionario. Esta hace referencia al Acuerdo y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en 2011 declaró inconstitucional la Ley Nº 1161 de 1997, que autoriza a la Contraloría y al Legislativo a exigir información a las binacionales, que se basa en un Anexo A que nunca entró en vigencia.
Cuando se le consultó a Spalding si promoviendo una acción de inconstitucionalidad no se está atentando contra la transparencia, él respondió que desde antes de asumir el cargo el año pasado desde el ente han dado señales claras y pasos concretos hacia la transparencia. “Hoy se puede ingresar a la página web y ver los pasos históricos que ha dado la Itaipú en estos últimos 11 meses”, aseguró.
Cuando se le hizo notar que Itaipú se jacta de ser transparente, pero que acciona contra una ley que exige se informe sobre salarios, Spalding explicó que el artículo 137 de la Constitución establece la prelación de leyes. “Entendemos que el tratado de Itaipú, así como cualquier otro tratado, está por encima de las leyes. Pero vamos ir avanzando en todo lo que sea la transparencia. Creemos que el camino correcto es una nota reversal y hacia ahí se va a avanzar. Como nunca en la historia ustedes pueden ingresar a la página web de la institución y pueden ver la lista de empleados en forma binacional, la antigüedad, la sede, están los contratos colectivos, están los resultados de las licitaciones y así vamos a seguir”, dijo. Ante la consulta de los términos que se usarían en la nota reversal, el director señaló que tal herramienta jurídica es el camino real que tienen para modificar las normas del tratado. “Es un acuerdo entre ambos países y así vamos a proceder”, concluyó.