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La diputada por Patria Querida Rocío Vallejos solicitó dos semanas atrás al titular de la Cámara Baja Miguel Cuevas (ANR, Añetete) un informe sobre los funcionarios designados en julio pasado en cargos de importancia. Ayer a la siesta en conferencia de prensa, confirmó que su colega Cuevas le respondió.
La legisladora opositora manifestó que le llamó la atención la cantidad de personas que están asignadas al dispensario médico. Comentó que hay cinco médicos, cuatro psicólogos, tres nutricionistas, cuatro enfermeras, obstetras, odontólogas, entre otros.
Vallejos dijo que esta cantidad de profesionales no puede estar de lunes a viernes hasta las 16:00 en la Cámara de Diputados cobrando un salario y prácticamente sin tener actividad.
Anunció que cuando se comience a tratar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019 sugerirá que estos profesionales sean redireccionados para que presten servicios por ejemplo en las penitenciarías de Buen Pastor (para mujeres), Tacumbú (para varones), “La Esperanza” que recibe a menores y está ubicada en Itauguá, entre otros centros.
La Cámara de Diputados gastará este año G. 22.010 millones (US$ 4.016.551) para cubrir el seguro médico y odontológico de 80 legisladores y sus funcionarios. Ese dinero no se les descuenta del salario (como los trabajadores del sector privado). La ciudadanía le paga el seguro a través de los impuestos.
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En la planilla se puede apreciar los privilegios que obtuvieron algunos legisladores con el nombramiento de sus parientes (ver infografía). El imputado liberal efrainista Carlos Portillo y la excartista Marlene Ocampos, entre otros, ubicaron a sus parientes.