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Por sexta vez, la Cámara de Diputados volvió a postergar ayer el proyecto de ley de desbloqueo con urnas digitales, una propuesta que busca romper con 25 años de “listas sábana”.
Este cuestionado sistema vigente es usado hasta la fecha por los partidos políticos para introducir al Congreso nóminas cerradas con candidatos cuestionados o compradores de bancas, ocultos tras el que es cabeza de lista. La intención de la resistida ley es que el elector elija a quiénes escoger en dicha nómina.
En el marco de la disputa por el control de la mesa directiva, solo acudieron 31 diputados liberales efrainistas, colorados disidentes, las dos bancas de Avanza País, la independiente Olga Ferreira y Ricardo González (Encuentro Nacional).
Los principales ausentes, que exigen aprobar las últimas sesiones “mau”, fueron los colorados cartistas, los liberales llanistas, Ramón Duarte (FG) y Hugo Rubin (PEN).
Alberto Cabrera, vocero del grupo Fuera Lista Sabana, cuestionó duramente que los diputados sigan enfrascados en su lucha de poder relegando leyes exigidas por la ciudadanía. Anunció que en la fecha resolverán si elevan las protestas con escraches. Admitió que también temen ser imputados por la Fiscalía servil al presidente Cartes.
Desvirtuarán la ley
Finalmente, Cabrera dijo que manejan la información de que la nueva mesa directiva de Diputados, presidida por Pedro Alliana (ANR-cartista), trataría el desbloqueo en una sesión prevista para el martes.
En dicha sesión la Comisión de Legislación, presidida por Bernardo Villalba (ANR-cartista), planteará un dictamen amañado con modificaciones para desvirtuar la base del desbloqueo y exigir que solo se altere la nómina al alcanzar un tope elevado de votos.
La fecha límite para aprobar y promulgar el desbloqueo es el 21 de agosto, día de la convocatoria a elecciones internas y generales.
Dinero sucio
Diputados también volvieron a postergar ayer el proyecto de ley de Control al Financiamiento Político en elecciones internas, ampliando la Ley 4743/12, que solo se aplica actualmente, a medias, en las elecciones generales.
Este proyecto busca evitar que campañas políticas se financien con fondos del narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros.