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La Cámara Baja, en sesión extraordinaria, rechazó, en cada caso por mayoría de votos, los cinco pedidos de intervención, luego de una histórica sesión previa en que aprobó el control de la gestión de Sandra McLeod (ANR, cartista) en la Comuna de Ciudad del Este.
La solicitud del acuerdo constitucional para intervenir la administración de Carlos Palacios (ANR, cartista) en la Municipalidad de Limpio fue uno de los casos más largamente debatidos en Diputados.
Los que argumentaron a favor de la intervención, entre ellos los liberales Rodrigo Blanco y Teófilo Espínola, citaron irregularidades como la adjudicación, en el 2017, de contratos sin licitación pública por unos G. 4.000 millones, con recursos del Fonacide, sin que haya habido declaración de emergencia. Enfatizaron que en este caso la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) advirtió sobre el procedimiento irregular en la adjudicación.
También mencionaron que Palacios al día siguiente de asumir la Intendencia, el 20 de diciembre del 2015, ya adjudica en forma directa obras para arreglo y mantenimiento de calles por G. 900 millones y que nueve días después de la firma del contrato ya pagó la totalidad del monto de los trabajos. En este caso también se violó la ley de Contrataciones Públicas, aseguraron. Otro caso es el funcionamiento de una cantera sin licencia ambiental. Enfatizaron además en el retraso de pago de dietas a ediles opositores por 9 meses y de salarios a funcionarios municipales, así como el despido de funcionarios de mucha antigüedad, incluso de más de 20 años, por estar en cargos de confianza.
El rechazo a la intervención de la Municipalidad de Limpio se definió por 44 a 31 votos. Hubo tres abstenciones.
La administración del intendente de La Colmena, Mario Melgarejo, también colorado cartista, fue salvada de la intervención por una mayoría de diputados. En este caso hubo un dictamen de cinco diputados que consideraron que Melgarejo refutó todas las acusaciones, pero el diputado Sebastián García, del Partido Patria Querida (PPQ), el único que firmó el dictamen por la verificación, demostró varios indicios de graves hechos de corrupción. Mencionó el mal uso de combustible, obras de ampliación y mejoras del tinglado municipal con recursos del Fonacide, fraude en la verificación de estas obras, así como pago en un 83% por las mismas sin que hayan comenzado, y dudas en trabajos de reparación de vehículos y el uso de la ambulancia municipal. Pese a todos los elementos, 40 votaron en contra de la intervención y 28 a favor. Hubo dos abstenciones.
Las otras intendencias salvadas fueron las de Ñumí, dirigida por Elvio Cáceres (PLRA, efrainista); Mbocayaty del Yhaguy, Jacinto González (PLRA, llanista); y, Santa Rosa del Aguaray, Esteban González (ANR, cartista).
Denunció maltrato
Por otra parte, la diputada Rocío Vallejo, del PPQ, denunció una falta de respeto de su colega Édgar Ortiz (PLRA), quien en Radio ABC Cardinal dijo que si fuera él el intendente de Mbocayaty del Yhaguy “a los mejor le hubiera dado un tortazo” a la legisladora.