Diputados intentan frenar expulsión de legisladores

La Cámara de Diputados finalmente decidirá en sesión ordinaria de la fecha si otorga la facultad al Tribunal Superior de Justicia Electoral del juzgamiento de la pérdida de investidura de un diputado o senador o decide mantener la atribución constitucional que tienen los congresistas para juzgar a sus pares.

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La comisión especial encargada de reglamentar la pérdida de investidura planteará el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de ley de autoblindaje. El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) mencionó que en el único punto en el que discreparon es con relación al órgano que debe encargarse de juzgar a los parlamentarios.

Mencionó que existe un grupo de diputados que se basa en el artículo 273 de la Constitución, que señala que la Justicia Electoral tiene la competencia sobre los derechos y títulos de quienes resulten elegidos. Sin embargo, menciona que existe otro grupo que considera que la Justicia Electoral no tiene una capacidad extensiva.

Según Maidana el artículo 201 de la Constitución no dice que debe ser la Cámara de Diputados o la Justicia Electoral la que juzguen la pérdida de investidura de un parlamentario.

Sin embargo, el diputado obvia que el Art. 190 establece claramente que cada Cámara redactará su propio reglamento y que en el mismo artículo señala que podrá amonestar o a percibir a sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones.

En caso de que el Congreso sea la juzgadora de las pérdidas de investidura, los miembros de la comisión especial, integrada por varios bloques partidarios, coincidieron en que debe ser aprobada por mayoría simple (41 de 80 votos).

Jurídico-político

Maidana señaló que otra diferencia es que algunos diputados sostenían que la expulsión debía darse mediante una sentencia judicial y otros a través de un procedimiento jurídico político breve.

Hasta ayer no definían con cuántas firmas de parlamentarios se debía presentar el pedido de pérdida de investidura. En principio hablan de que en la Cámara de Diputados debe ser con ocho firmas y en la Cámara de Senadores con cuatro.

El proyecto de Patria Querida que fue archivado planteaba que en un plazo de tres días el diputado presente su descargo. Sin embargo, la nueva ley de autoblindaje propone que en 10 días una vez que sea notificado el afectado se convoque a una sesión extraordinaria para tratar la expulsión.

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