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El grupo de diputados actúo de cómplice de cuestionados parlamentarios que solo en dicha cámara están salpicados por hechos de corrupción, la cual está encabezada por el propio titular de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), quien es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.
La lista continúa con el diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por el caso “caseros de oro”, quien apeló su desafuero con el propósito de evitar que le retiren la inmunidad parlamentaria. Ahora “aguardan” una nueva notificación para desaforarlo, tras la confirmación por parte del Tribunal de Apelaciones.
El diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete) está investigado por un supuesto faltante de G. 10.000 millones cuando era intendente de Quyquyhó. El diputado Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) está investigado por enriquecimiento ilícito al igual que su hermano el senador Javier Zacarías Irún y su cuñada, la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod. Además, del diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), quien está acusado por supuesto tráfico de influencias.
La proyectista, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), dijo que ojalá pudiesen declarar la justicia en estado de emergencia y evitar las recusaciones en masa. Lamentó que se tenga que aguardar un año para que la norma ingrese a las cámaras tras la decisión de sus colegas de enviar el proyecto a la comisión especial.