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La denuncia tiene el aval de las autoridades de Diputados y de todos los líderes de bancadas partidarias, excepto Aída Robles, del Partido de la Participación Ciudadana. El mismo fiscal general Javier Díaz Verón recibió el escrito.
La presentación judicial es por “el hecho punible de estafa (Art. 192 del Código Penal)” y “sin perjuicio de la comisión de otros hechos punibles que pudieran surgir en el marco de la investigación a llevarse a cabo”.
El escrito alega como uno de los motivos de la acción el hecho de que la administración de Martínez haya comprometido en total US$ 29.071.111 de los fondos públicos, y que hasta el momento el Ministerio de Salud no haya recibido nada. En este punto se debe aclarar que, semanas atrás, la secretaría recibió 12 camionetas y cinco minibuses. El monto transferido al PNUD estaría por los US$ 13 millones.
La denuncia explica que, según el acuerdo firmado por Martínez y el PNUD, el Estado debía transferir US$ 28.030.011 a la UNOPS, unidad ejecutora del PNUD, más US$ 1.041.102 como “tarifa administrativa” para la “recuperación de los costos indirectos incurridos por la UNOPS”.
Los diputados argumentan que el Ministerio de Salud y el PNUD no cumplieron procedimientos establecidos por la ley de presupuesto y decreto reglamentario “en lo que respecta a informes mensuales sobre la ejecución de los programas y/o proyectos, como así también la rendición de cuentas en forma parcial, total o sin movimiento dentro de los 15 días siguientes al cierre de cada trimestre”. Otra causa señalada es la no observancia del clasificador presupuestario. Explica que los rubros que pueden ser transferidos al sector público o privado están establecidos en el objeto de gasto 830 y siguientes. “El Ministerio de Salud ha transferido a la UNOPS fondos provenientes de rubros tales como 350 (productos e instrumentos químicos y medicinales), 530 (adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas en general, y 540 (adquisiciones de equipos de oficina y computación)”.
Los diputados concluyen que Martínez habría cometido transgresiones administrativas al transferir fondos públicos “sin percibir la contrapartida correspondiente y sin tener el presupuesto aprobado” y pago de comisiones, “que no aseguraron al Estado las mejores condiciones y, por lo tanto, ocasionaron perjuicios patrimoniales”.