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La Ley 4669/12, conocida como “Ley Guastella”, reduce los plazos procesales de cuatro a tres años. La suspensión de su vigencia fenece el 1 de setiembre, y si la misma entra a regir permitirá que varias causas procesales se extingan y queden impunes los responsables de cientos de hechos punibles.
La Cámara Baja el próximo miércoles 11, en su segunda sesión ordinaria del periodo, tratará el proyecto que deroga la Ley 4669/12. Con la norma se busca evitar que el Congreso por quinta vez suspenda su aplicación.
En la última sesión ordinaria el diputado José María Ibáñez (ANR, abdista), imputado por el caso “caseros de oro”, planteó a sus colegas aplazar el proyecto sine die (sin definir un plazo), reflotar la comisión bicameral de Reforma Penal y girar el proyecto para que sea estudiado en dicha comisión, todo con la intención de dilatar el estudio del proyecto y que la “Ley Guastella” entre en vigencia.
Tratamiento urgente
La diputada y exfiscal Rocío Vallejo (PPQ) declaró que el tratamiento del proyecto de ley urge, atendiendo que los plazos son cortos para sancionar la norma y la suspensión de la “Ley Guastella” fenece el 1 de setiembre.
“El 30 de agosto la norma tiene que estar en vigencia. Voy a plantear que se le dé al proyecto un tratamiento de preferencia. El Senado se debe expedir y el Ejecutivo también. Debe existir mucha celeridad de todos los lados”, indicó.
Recordó que la “Ley Camacho” había establecido que los procesos iban a ser de cuatro años con el descuento de las apelaciones y los incidentes. Añadió que la Ley 4669/12 baja el proceso de duración a tres años, y que es allí donde podría darse una serie de prescripciones en el Poder Judicial y Fiscalía.
“El próximo miércoles tenemos que tener mayoría, y si no hay mayoría, ahí vamos a saber quiénes quieren que entre en vigencia (la Ley Guastella)”, señaló.