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En la primera sesión presidida por el titular de la ANR, Pedro Alliana (cartista), la Cámara Baja modificó de principio a fin el proyecto que amplía la Ley N° 4743/12 de Financiamiento Político, la cual se encuentra vigente solo para las elecciones generales.
Su aprobación definitiva para remitirla al Senado se daría esta tarde, debido a que el último punto fue reconsiderado y postergado por falta de quórum.
Entre las cuestionadas modificaciones, los cartistas, Rubin y Carísimo votaron para elevar varias veces el tope de “contribuciones” y “donaciones” individuales que pueden recibir los partidos y movimientos. El monto vigente de 5.000 jornales (G. 392 millones) iba a ser elevado a 7.000 por dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero el diputado Bernardo Villalba (ANR, cartista), de la Comisión de Legislación y entonces abogado del narco Antonio “Capilo” Caballero, planteó elevar el tope a 50.000 jornales (G. 3.925 millones), moción que ganó por 24 votos a favor, 22 en contra y 19 abstenciones. (ver la infografía).
Aunque no se aprobó, Villalba pidió eliminar la exigencia de que cada movimiento acceda al Registro Único del Contribuyente (RUC) y dijo que el Ministerio de Hacienda deberá “inventar” un nuevo sistema para reconocerlos como “identificador tributario”.
Por otro lado, no prosperó la intención de la bancada disidente, cuyo vocero fue Eber Ovelar (ANR, Añetete), para que todos los procesados por la Fiscalía por crímenes como lavado de dinero y narcotráfico no puedan hacer “donativos” y se mantuvo la propuesta cartistas de solo excluir a las personas con “condena firme”.
Villalba pidió flexibilizar la exigencia de pedir “facturas legales” por gastos como alquiler de casas y arriendo de buses y camionetas para arrear votantes aunque no se aprobó. Marcial Lezcano (ANR, cartista), cuyo suplente es Carlos “Chicharõ” Sánchez, acusado de lavar dinero del narcotráfico, dijo que debería prohibirse este gasto para abaratar las elecciones.
Los cartistas también se mostraron reacios y rechazaron por mayoría la propuesta de Olga Ferreira (independiente) de involucrar en el control de gasto a la Contraloría y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Dicha actividad estará principalmente a cargo de la Justicia Electoral.
El debate llevó tres horas ya que los legisladores revisaban cada párrafo de cada artículo. Cuando el texto fue totalmente aprobado, los cartistas pidieron reconsiderar y se finiquitará esta tarde.