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El diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista) aseguró ayer que el ambiente es propicio para que la Cámara Baja inicie el juicio político a los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Indicó que los legisladores en su mayoría despotrican contra la resolución adoptada por los miembros: Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF), quienes fueron denunciados ante la Fiscalía por supuesto prevaricato y acusados de obedecer órdenes del cartismo, aparentemente (ver la infografía).
Las citadas autoridades son acusadas de violar la Ley Orgánica Municipal (N° 3966/10) al haber aceptado la renuncia condicionada de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR, cartista), para luego llamar a elecciones internas, avasallando la facultad de la Junta Municipal esteña de aceptar o retener la renuncia (Art. N° 53). La resolución fue divulgada en la mañana en que los diputados analizaban la intervención de la Comuna esteña. Sin embargo, en la Cámara de Senadores varios parlamentarios adelantaron ayer que no existirían los votos necesarios para remover a Bestard y sus pares.
A su turno, Bestard había dicho que actuaron para salvaguardar “la voluntad popular”. Si antes del 18 de diciembre CDE se queda sin intendente, se debe convocar a elecciones porque está dentro del plazo de hasta tres años de gestión. Si se supera esa fecha, se elegirá a un intendente de entre los concejales sin necesidad de convocar a comicios.
Los ministros se habrían basado en una acción de inconstitucionalidad del 2010 que anulaba varias facultades de la Junta. Pero, la Corte informó que eso ya caducó el 20 de noviembre último y por ende el TSJE cometió prevaricato y desconocimiento de la ley. El abogado Nicolás Russo denunció a dichos magistrados ante la Fiscalía, que designó a Liliana Alcaraz para investigar el caso.