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Los líderes de todas las bancadas acordaron apoyar el texto a pesar de que tenían objeciones en varios puntos. Sostenían que había superposiciones. El diputado Víctor Ríos (PLRA) incluso cuestionó que no se haya tenido en cuenta las universidades públicas. El texto sancionado dispone que los fondos serán distribuidos de la siguiente manera: el 28% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura, el 30% para el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, el 25% a los Gobiernos Departamentales y Municipales, el 7% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el 10% para el Fondo Nacional para la Salud.
Con el dinero destinado a la Excelencia de la Educación, que se estima serán 100 millones de dólares por año, se creará un fondo fiduciario que será administrado por la AFD. El dinero será utilizado como “recursos adicionales y complementarios al mínimo presupuestario previsto en el Art. 85 de la Constitución y al gasto consolidado del Ministerio de Educación y Cultura, el cual deberá mantener la proporcionalidad y crecimiento progresivo en los años de aplicación de la presente ley”.
El Fondo estará destinado, prioritariamente, a fomentar programas de incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sistema educativo; a programas de apoyo para el mejoramiento de la calidad de la formación de los docentes, principalmente, de instituciones educativas del sector oficial y de los diferentes niveles; al mejoramiento de la oferta educativa en escuelas, colegios e Institutos de Formación Docente del Sector Oficial; a la atención integral a la primera infancia, conforme a lo establecido en el marco de los lineamientos del Plan Nacional de la Primera Infancia 2011-2020; a la organización, formación y fortalecimiento de redes de cooperación escolar de padres y tutores de alumnos; al otorgamiento de becas de estudio para la formación superior, que consistirá en el financiamiento de cursos universitarios en el país o en el extranjero; a la investigación y desarrollo, que consistirá en los programas y proyectos propuestos por el Conacyt, principalmente, para el Programa de Incentivo de los Investigadores Nacionales; y al fortalecimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.