Diputado usa “terrorismo de Estado” en caso sobre supuesta paternidad

Ni en su Facebook –ni en ninguna otra red social ni medio de comunicación del país– podría mencionar una mujer al diputado liberal Enrique A. Buzarquis que la denuncia por supuesta coacción y extorsión ante una presunta paternidad del parlamentario. La denunciada tampoco podrá salir de Villarrica ni del país si hoy el juez –de extracción liberal– acepta las medidas que a velocidad supersónica pidió un fiscal –que figuraba hasta el 2012 en padrón del PLRA–. El insólito caso tiene características de terrorismo de Estado y tráfico de influencia aprovechándose de la investidura parlamentaria.

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Hoy a las 8:15 de la mañana el juez de Villarrica Jorge Garcete Argüello, suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e hijo del exdiputado liberal César Garcete, podría dar curso favorable a insólitas medidas solicitadas por el fiscal Víctor Manuel Vera (quien figuraba en padrón del PLRA hasta el 2012) para Claudia Silvero. La mujer es madre de un bebé de cinco meses atribuido al diputado liberal Enrique Antonio Buzarquis, exgobernador de Caaguazú.

Supuesta paternidad

El caso, en el que denuncian a la mujer por supuesta coacción y extorsión hacia el diputado, está siendo llevado a la velocidad del rayo.

Tras la denuncia inicial, el 17 de abril prestaron declaración testifical el diputado Buzarquis y los dos testigos que presentó: Armando Ariel González Cáceres, su sobrino (figura como asesor en el Parlamento) y alguien a quien presenta como su comadre, la abogada Mónica S. Duarte.

El miércoles 22 de abril, a las 13:10, el fiscal Víctor Manuel Vera formuló su imputación contra Claudia Silvero. A esa misma hora, 13:10 ya se dio sello de ingreso al juzgado de Jorge Garcete Argüello.

Al día siguiente el juez Garcete ya tomó conocimiento de la imputación formulada e inició el procedimiento penal en contra de Silvero por la comisión de supuestos hechos punibles. Y ese mismo día, a las 13:30 un ujier notificador se presentó en la casa de la imputada para notificarle que al día siguiente, a las 7:30 horas ya debía comparecer: Claudia Silvero tuvo apenas 18 horas para elegir un defensor y presentarse ante el juez.

Las medidas solicitadas por el fiscal son insólitas: Que no salga de Villarrica ni del país, la prohibición de no difundir por redes sociales ni medios de comunicación masivos la imagen del diputado Buzarquis, la prohibición de emitir juicios negativos en redes sociales y medios de comunicación contra Buzarquis. No puede aproximarse a menos de 200 metros de la oficina del parlamentario, ni al local comercial de la esposa del diputado, ni de otros familiares del mismo. No puede llamar por teléfono, ni enviar imágenes, audios o textos por Whatsapp ni a Buzarquis ni a su cónyuge.

La acusación

El Parlamentario acusa a Silvero de estar coaccionándolo desde el año pasado con llamadas exigiéndole plata. La acusa de estar manejada por “algún grupo de expertos en extorsiones” y de atribuirle la paternidad de un hijo bajo supuesta amenaza de crearle un escándalo público. Buzarquis dice que es obligado a hacer múltiples actos fuera de su voluntad bajo amenaza de ser demandado por filiación extramatrimonial.

El diputado asegura que tuvo que concurrir a varias partes del país, en fechas y horas que le ordenaba supuestamente Silvero. El exgobernador de Caaguazú presentó un documento de la Dirección de Administración de Jubilaciones del Parlamento según el cual le desembolsaron un préstamo de G. 105.505.361 para saldar deudas por una gruesa suma de dinero que envió a la madre de un niño que él no admite como suyo.

El denunciante presentó a su sobrino Armando Ariel González Cáceres (a sueldo del Parlamento) como testigo de la entrega. González dijo haber llevado hace un año el dinero a Silvero a Villarrica... La mujer, oriunda de Coronel Oviedo, reside en la capital del Guairá recién desde hace tres meses.

El caso tiene llamativos ribetes, entre los cuales resalta el hecho de que el diputado habría cedido a supuestas extorsiones... por un hijo que él dice que no es suyo. Incluyeron hasta un recibo simple bajo el concepto de “distanciamiento” por G. 100 millones.

Intentamos comunicarnos con Claudia Silvero o con su abogado. Se negaron a hablar hasta después de la audiencia de hoy.

Hoy será la audiencia

Varios condimentos tendrá la audiencia fijada para las 8:15 de hoy en el juzgado penal de garantías del Primer turno de Villarrica: el juez está suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento y es de extracción liberal igual que el fiscal a cargo, quien también figuraba en el padrón del PLRA hasta el 2012. Las medidas alternativas a la prisión que piden son insólitas.

victor.franco@abc.com.py flavia.borja@abc.com.py mabel@abc.com.py

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