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El oficial retirado dijo que es por todos conocido, un secreto a voces, de cómo opera el crimen organizado en vastas regiones del país, comprando protección e impunidad mediante ingentes sumas de dinero que van a parar en los bolsillos de funcionarios corruptos de los diversos “estamentos de la conducción nacional, ya sea el político, policial, judicial social y por qué no el militar”.
Liseras dio esta visión al ser consultado sobre el esquema de recaudación de la Policía para dar protección al narcotráfico y otras actividades ilícitas en Canindeyú, según una investigación realizada por nuestro diario. Conforme a los datos, los jefes de comisarías, subcomisarías y puestos policiales de Canindeyú deben dar una cuota mensual a sus superiores para mantenerse en sus puestos. Este esquema de recaudación tiene todo un mapa de “narcocoimas” que beneficia a los policías corruptos.
Liseras señaló que “por la forma en que se han dado los acontecimientos se puede concluir que el narcotráfico se ha potenciado sustancialmente en las zonas fronterizas y se ha extendido en todo el país, convirtiéndose en un grave flagelo para el país y del que hoy recién se está tomando conciencia, sobre todo después del asesinato del periodista Pablo Medina”.
Afirmó que dentro del crimen organizado el narcotráfico “es una de las amenazas de mayor envergadura y que está enraizado profundamente” en el país. “Hoy todo el mundo está hablando de la narcopolítica, y si la política tiene la conducción de un Estado, entonces es realmente grave la situación”, advirtió.
El general de Brigada retirado indicó que como sociedad debemos buscar soluciones al problema del tráfico de estupefacientes y recomendó observar la experiencia de otros países que están despenalizando la producción y consumo de la marihuana. Reconoció que la política represiva, encabezada por los Estados Unidos de América, a la venta de las drogas ilegales ha fracasado. Liseras también aseveró que todas las instituciones que tienen contacto con el narcotráfico, en su tarea de represión, se ven contaminadas a la larga. Eso pasa con la Policía, la Justicia, con la Secretaría Nacional Antidrogas y con algunos personales de las Fuerzas Armadas que están comisionados en la Senad, expresó. Por otra parte, el senador liberal, Luis Alberto Wagner, confirmó días atrás la existencia del esquema de recaudación en la Policía, producto de la protección al narcotráfico, y afirmó que ese sistema existe bajo el amparo del poder político local y apuntó directamente al “clan” de los hermanos Cristina y Carlos Villalba, diputada e intendente colorados de La Paloma, respectivamente.
Supuestos narcopolíticos
El asesinato de nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina, y de la joven Antonia Almada, el 16 de octubre pasado, ha desencadenado una serie de hechos, entre ellos la denuncia en el propio Parlamento de la existencia de legisladores vinculados al narcotráfico. En la sesión de 20 de noviembre último, el Senado denunció con nombres y apellidos y detalló la forma de vinculación con capos del narcotráfico de los diputados Marcial Lezcano (Amambay), Bernardo Villalba (Concepción) y Freddy D’Ecclesiis (San Pedro); la parlasuriana Concepción Cubas (Amambay), el exdiputado Magdaleno Silva y el diputado suplente de Amambay, Carlos “Chicharõ” Sánchez, todos colorados.