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El equipo técnico que viene analizando la vigencia de la inspección vehicular, de acuerdo a la Ley 3850/09 y Ley 4856/12, que modifica la primera, se reunió ayer en la oficina del Viceministerio de Transporte.
Estuvieron el director de la Dinatran, Daniel Arce; el viceministro Luis Pereira y el director de la Policía Caminera, Manuel Guzmán.
El viceministro dijo que la Dinatran sigue siendo la entidad que maneja el sistema de control vehicular, según las citadas leyes.
Sin embargo, reconoció que no está nada claro tanto en materia técnica y administrativa como legal. El caso es que la Cámara de Diputados había modificado la Ley 4856/12 para ajustarla a las exigencias de la gente. Una de ellas es que la ITV solo será obligatoria para las personas que viven en un radio de 30 kilómetros de un “centro de inspección”.
¿Quién mandará?
Diputados modificaron la ley el 3 de abril y ahora está en la Cámara de Senadores. Sacó las atribuciones a Dinatran y otorgó potestad legal al Viceministerio del MOPC y a las municipalidades.
Esto fue resuelto previendo la posible anulación de la Ley 1590/00, que crea la Setama y Dinatran. Sin embargo, ayer rechazaron el proyecto para anular la Setama y otorgar potestad en transporte al Viceministerio y en vez de ello, se creó una Secretaría del Transporte, quedando de este modo anulada la Dinatran. El proyecto pasó ahora al Senado.
Consulado al respecto, Luis Pereira manifestó que por un lado, sacan atribuciones a la Dinatran en el tema ITV y, por otro lado, anulan la labor del Viceministerio para crear una secretaría que no tendrá atribuciones legales para administrar los centros de inspección técnica, salvo que los senadores cambien la redacción del proyecto.
Dinatran, por ahora y hasta que el Senado sancione la nueva disposición, queda como autoridad central, tanto en transporte como en caso de la ITV. El consejo oficializará mañana la prórroga del control en las rutas. De esta manera, recién el 1 de octubre comenzarán los controles en rutas por parte de la Policía Caminera, lo cual da también tiempo a las nuevas autoridades del Estado estudiar la normativa.