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Ese mamotreto, hasta hace poco, permitía que la esposa de Barone, la abogada Elisabel Vázquez Galiño, les hiciera llegar reportes en los que, además de maltratarlos porque salieron dos publicaciones en la prensa paraguaya el año pasado, les recordara que CAJUBI firmó el Pacto Social.
Que CAJUBI aceptó no tener voz ni voto. Que comprar acciones de la empresa EUROINVEST en Panamá conllevaba un riesgo de pérdida. Que las acciones no estaban registradas en la Comisión Nacional de Valores de Panamá. Y que si CAJUBI quería vender sus acciones debía ser a los Barone-Vázquez, y por la suma que estos quisieran.
¿Quién – EN SU SANO JUICIO– entrega 36 millones de dólares sin un contrato firmado por dos partes que acuerdan un negocio? Nadie. A no ser que tengan serias alteraciones de la realidad. O el contrato les traiga altas regalías.
Negro panorama
El panorama que tienen para recuperar los 36 millones de dólares es negro. Negrísimo. Según registros públicos consultados en varios países, Barone carece de legitimidad en varios de ellos.
EN PANAMÁ, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sacó un ALERTA el año pasado advirtiendo que el hombre nunca tuvo licencia, por lo cual no estaba autorizado para hacer negocios de intermediación de valores o de inversión, en o desde Panamá.
EN ESTADOS UNIDOS, Barone no está habilitado para operar en Florida. Ingresamos al “Sunbiz”, la división de Corporaciones en el Estado de Florida y ninguno de los dos negocios que registró está activo. Ambos fueron disueltos según reportes anuales. De hecho, uno de estos negocios, RESITRUST Incorporated, es con el cual consiguió los primeros 4 millones de dólares de CAJUBI. La empresa ya tiene fondos inactivos actualmente. Según el Florida Department of Financial Services, Barone no está autorizado para operar allí.
EN EL REINO UNIDO, considerando que Barone ha domiciliado allí alguna de sus empresas, hace oficinas y aparentemente hasta vive, él no está reconocido por el Financial Services Authorities (FSA), según los registros públicos. Peor aún. Está registrado como un “Non-dom”, lo que es una residencia sin domicilio fiscal, lo que lo habilita a no tributar en Inglaterra.
EN SUIZA, ya que los jubilados de Itaipú remesaron tremendas cifras al Dresdner Bank en este país, Barone tampoco ha registrado ninguna empresa. Se desconoce por qué CAJUBI remesó dinero a una cuenta que nunca fue abierta a su nombre sino a nombre de Euroinvest Worldwide, abierta especialmente en Suiza. El Dresdner Bank ya no existe, fue absorbido por el Commerce Bank.
EN VENEZUELA Marcelo Barone no tributa a seguridad social, según confirmaciones realizadas por el colega César Batiz, de la Unidad de Investigación de la Cadena Caprilez. Batiz dialogó con fuentes oficiales de la División Contra la Delincuencia Organizada, quienes dijeron que estaban al tanto de las andanzas de Barone por Centroamérica y Sudamérica, y que Estados Unidos era utilizado como “aliviadero” (lugar donde se portan bien).
Según búsquedas en Bloomberg, ninguna de las empresas de Barone cotiza en la Bolsa de Valores, ni en Panamá, ni en EE.UU., ni en Inglaterra, Suiza o Venezuela.
Algunos de los responsables de haber entregado estas cifras son Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra, José Szwako, Walter Delgado, Aurelio Ramón Sosa, José Alonso, Félix Villamayor, Ricardo Pereira Poletti, Pabla Mieres de Scavenius y César Amílcar Bejarano.
En el 2008 sufrieron algunos pequeños cambios porque Bogado Núñez fue premiado a Curitiba por Itaipú. El nuevo nombre que se incorporó fue el de Cíbar Insfrán. Síndico era Édgar Mengual Herken.
Millonaria contratación de exfiscal indigna a jubilados
Según documentos entregados a nuestro diario, el 18 de mayo último la Cajubi contrató y pagó un adelanto de 500.000 dólares (2.200 millones de guaraníes) a Rafael Fernández, exfiscal, para intentar recuperar la plata. Sería parte de unos 4 millones de dólares que cobrará sumados a un 5,5% sobre el capital que vaya retornando.
Rafael Fernández fue fiscal con una muy pálida trayectoria de éxitos jurídicos, aunque sí alta exposición mediática. Es actualmente director de Asuntos Legales de Derecho UNA, donde el ministro de la Corte Antonio Fretes es decano.
La indignación de los afiliados a Cajubi por la pérdida de los 121 millones de dólares de fondos sube de tono por la contratación de un abogado conocedor de derecho penal, pero con nula experiencia en derecho internacional. Nadie sabe bajo qué criterio se hizo la millonaria contratación.
Fuentes oficiales de Itaipú habían dicho anteriormente a nuestro diario que ya se había gastado 1 millón de dólares sin muchos resultados hasta ahora para retornar el dinero al país. De ser así, la suma que acaban de dar de adelanto tampoco tiene mucho sustento. En lugar de solicitar un dictamen a juristas con conocimiento de derecho internacional en todos sus aspectos –penal, administrativo y civil–, todo indica que se jugaron por una arriesgada contratación que podría terminar en más desangre aún para Cajubi.
Juristas consultados ayer por nuestro diario aseguraron que este litigio se pleiteará mucho en campo extranjero, para lo cual el abogado debería ser un amplio conocedor de derecho internacional e inclusive de legislación específica de otros países.