Cargando...
El juez Penal de Garantías Rubén Riquelme el pasado 22 de mayo había comunicado a la Cámara Baja el desafuero del diputado de Paraguarí para que sea investigado por la contratación de tres personas que no cumplían funciones en la Cámara, cuando que según las sospechas eran empleados particulares del legislador.
El fiscal Luis Piñánez imputó al diputado Rivas y a Reinaldo Chaparro Penayo (sería su chofer), a Lucio Romero Caballero (secretario privado) y a Nery Antonio Franco González (chofer), por presunta estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Recientemente el diputado planteó la nulidad de su imputación bajo el argumento de que no se podría considerar su imputación con los informes de la telefonía que revelaron que los mismos no se encontraban en los lugares mencionados. También fue presentado el mismo recurso por los abogados de los caseros de Rivas.
“Considerar solo estos dos elementos como suficientes para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado es un despropósito que más bien indica un denodado interés en inventar hechos punibles a partir de pruebas inconsistentes para instrumentar al sistema penal en perseguir a personas inocentes”, argumenta la presentación.
La comisión de Asuntos Constitucionales está presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR, cartista) e integrada por el liberal llanista Milciades Duré (imputado y electo parlasuriano) y otros siete cartistas.
El titular de Diputados Pedro Alliana (ANR, cartista) había declarado que no pondrían trabas al pedido de desafuero para que su colega sea investigado. Con el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, la mesa directiva ya podría incluir este entre los puntos de la sesión ordinaria del miércoles próximo para que sea tratado por el pleno.
El último desafuero aprobado por el pleno fue el del diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), quien fue imputado por supuesto tráfico de influencias revelados a través de audios.