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La alianza entre abdistas, liberales y demás sectores opositores (PQ, PEN, Hagamos e independientes) que logró el primer paso para la intervención se mantuvo. En sesión extra reunió ayer un holgado número de 52 votos (todos los presentes en la sala) a favor de la destitución, 11 por encima de lo requerido para dar curso a la remoción de la imputada intendenta cartista y la ruptura de la hegemonía del clan Zacarías en el Este.
La decisión fue comunicada a la Junta Municipal de Ciudad del Este, que deberá designar a un intendente interino y al Tribunal Superior de Justicia Electoral que llamará a elecciones municipales en un plazo de 90 días para elegir un nuevo intendente hasta completar el mandato hasta diciembre de 2020. En la resolución no señala taxativamente que el dictamen deba ser remitido al Ministerio Público ante los indicios de hechos punibles y solo en líneas generales menciona que se comunicará también del caso “a quienes corresponda”.
Los diputados aliados no llegaron a un acuerdo para designar a un funcionario que interine la intendencia municipal por tres meses. Los abdistas pretendían designar ayer a un interino, el diputado Romero Roa (ANR, independiente), en tanto, era de la idea de convocar a otra sesión extraordinaria y los liberales dejaron en manos de la Junta la designación de un interino.
La sesión extra, realizada en pleno receso parlamentario, se extendió por casi cinco horas. La mayor parte de ella fue acaparada por la defensa de McLeod a cargo del exdiputado cartista Bernardo Villalba, quien se dedicó a desacreditar todos los puntos del dictamen, señalando que no existían méritos de hechos punibles. McLeod prefirió no asumir su defensa en persona ante su inminente destitución.
Los diputados de la alianza refutaron las expresiones de Villalba con el dictamen de la interventora Carolina Llanes y con el informe de 90 irregularidades detectadas por la Contraloría procedieron a la destitución de McLeod. Como uno de los hechos más llamativos hallados por el equipo de Llanes, mencionaron que 20.000 inmuebles no pagaban el impuesto real que les correspondía.
Los diputados esperan que la Junta Municipal acate la resolución y designe a un interino, bajo amenaza.