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La resolución para la designación de Víctor Núñez (73 años) fue firmada el 13 de agosto pasado por el director de Yacyretá, el paraguayo Schmalko, y el director ejecutivo del ente hidroeléctrico, el argentino Thomas.
El Gobierno paraguayo, a cargo del presidente Horacio Cartes, propuso la designación del exministro de la Corte Suprema de Justicia, quien renunció en diciembre de 2014 en vísperas del anuncio de juicio político, que no se concretó ni en su caso ni en los otros tres.
Según la Resolución N° 22003, Víctor Núñez fue designado funcionario permanente de la Entidad Binacional Yacyretá, margen derecha, para prestar servicios como asesor de la dirección, con sede en Asunción. Se le asigna la categoría H-6.
De acuerdo a la escala salarial vigente, su salario básico será de G. 17.721.700 mensuales más 10% por presentismo (G. 1.772.217), 10% por dedicación profesional (G. 1.772.217), G. 219.000 en concepto de subsidio por energía eléctrica, G. 841.000 para almuerzo mensual y 6% por título académico (G. 1.063.302) En total, G. 21.389.432 aproximadamente.
Caso Cajubi
Entre varias otras cosas, a Núñez se le acusa de manipular la designación de un tribunal de sentencia “a medida” para favorecer al principal acusado, su sobrino Víctor Bogado Núñez, del posible robo de la Caja de Jubilados de la Binacional Itaipú (Cajubi).
También, cuando era ministro de la Corte, firmó la resolución por la cual se rechazó una acción de inconstitucionalidad que promovió la fiscalía contra el exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta en un proceso por homicidio.
Núñez antes de conocerse ese fallo había declarado a la prensa que ni siquiera conocía a Acosta y que mucho menos había firmado fallo alguno a su favor.
Las declaraciones las hizo luego del crimen del corresponsal de ABC Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada.
El periodista en varias publicaciones lo había acusado de abogar ante el juez y los camaristas para liberar a “Neneco”.
Ante los fuertes cuestionamientos ofreció una conferencia de prensa, durante la cual acusó a varios políticos. Habló de una conspiración en su contra. Primero acusó al excontralor general liberal Octavio Airaldi, Blas Llano, Miguel Abdón Saguier y Luis Alberto Wagner.
En aquella ocasión, el 4 de noviembre de 2014, apuntó que la Corte era un infierno, pero que fue puesto allí por Dios y que seguirá en el cargo hasta que Dios lo saque. Sin embargo, poco después renunció ante la inminencia del juicio político.
También estuvo investigado por presunto enriquecimiento ilegítimo, a raíz de que varios dúplex y otros inmuebles figuraban a su nombre. La compra de estos bienes no las podía justificar con el salario de la Corte.