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Al contrario, el Ejecutivo echó a los directores de la estatal que cuestionaban la labor de Sarubbi. Lo más llamativo es que la propia Auditoría General del Ejecutivo confirmó todos los casos de corrupción en la empresa, como las millonarias compras directas sin licitación y la modificación de pliego de bases para beneficiar a empresas “amigas”. Se habla de gastos ilegales por valor de G. 15.000 millones solamente en el ejercicio 2016. Ese informe ni siquiera llegó a la Procuraduría General de la República ni al Consejo de Empresas Públicas, que supuestamente ejercen el control sobre la misma.