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Villamayor habla de informes confidenciales que recibieron sus clientes, que integran la larga lista de acreedores de la empresa Vip Security SA cuyo principal directivo es Atilio Gómez Buongermini.
“Algunos clientes míos que son acreedores de Vip Security y acreedores también a título personal de Gómez Buongermini y Atilio Gómez Grasi, han recibido denuncias de que se habrían producido allanamientos irregulares en la empresa, que involucrarían, aunque no tenemos la certeza de que sea así, a gente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Se han retirado del lugar armas y otros bienes con lo que se habrían satisfecho acreencias de algunos acreedores en detrimento de la masa y en detrimento de los otros”, manifestó el abogado.
El profesional sostiene que se trataría de un hecho punible por lo que esta mañana presentará una denuncia ante la Fiscalía. “Queremos que la Fiscalía allane el lugar y busque las cámaras de seguridad, que identifiquen al personal que operó en estos allanamientos y quién retiró del lugar los activos que corresponden naturalmente a la empresa y con los cuales la empresa debe enfrentar las obligaciones que asumió”, declaró Villamayor.
Consultado sobre el monto total que sus clientes reclaman a Vip Security SA, el abogado dijo que no podía precisar, pero que rondarían los US$ 500.000, aproximadamente. “El problema acá no es el volumen. El problema es que no puede haber acreedores privilegiados. El problema es que indebidamente los directivos de la empresa no pueden privilegiar a quién pagar y el problema sería que no se estén utilizando determinados procedimientos para el cobro, porque eso rompe los principios de igualdad ante la ley. Acá debemos participar todos los acreedores en conjunto y esto parece que se viene haciendo desde el mes de diciembre”, puntualizó.
Piden filmaciones
“Pedimos que la Fiscalía investigue desde noviembre del año pasado las transferencias que hizo Vip Security a los distintos acreedores, si se produjeron los allanamientos y si personal policial participó, ese personal tiene que ser sancionado”, recalcó.
Villamayor insistó en que sería muy importante que la Fiscalía encuentre las filmaciones, tanto en la casa matriz como en el lugar de expendio de armas.
“Estamos ante la posibilidad de un fraude gigantesco, entonces sería bueno que esto se vaya aclarando desde ahora y que no empecemos con las historias de incidentes y que terminen sin poder investigarse los hechos. La denuncia ya está y esto se tiene que aclarar”, insistió.
Finalmente, el abogado al ser consultado sobre quiénes serían esos “acreedores privilegiados”, mencionó que si bien no tenía la plena certeza, uno de ellos sería Hugo Portillo, actual gerente del Banco Amambay, quien en diciembre del año pasado estuvo involucrado en un escándalo por participar en un operativo conjunto de Senad contra el EPP, autorizado por el ministro Luis Rojas, quien admitió ser amigo del gerente.
La versión de Portillo
El gerente del Banco Amambay, Hugo Portillo, negó la situación planteada. “Es mentira, desconozco esos allanamientos que menciona. No he recibido nada, ni armas ni bienes. No tengo idea de lo que me está hablando”, declaró a ABC Color. Agregó que es de público conocimiento que es uno de los acreedores de la firma Vip Securiy, pero que la versión de que está detrás de esos supuestos allanamientos es falsa de toda falsedad. “Me inquieta saber de dónde proviene eso. Alguien dice o afirma algo que no es cierto, ni idea tengo, desconozco”, aseveró.
Versión de Rojas
El ministro de la Senad, Luis Rojas, también negó la versión de que agentes de su institución habrían allanado los locales de la firma Vip Security SA. “Eso es absolutamente falso. Lo que sí se es que gente de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) realizó algunos procedimientos en la armería de la empresa, pero nosotros no tuvimos ninguna intervención. No sé de dónde salió eso, quizás sea solo para armar quilombo y vincularnos”, expresó.
Rojas volvió a llamar a ABC Color para señalar que efectivamente la Dimabel se incautó de las armas y actuó junto con la Fiscalía a pedido de uno de los acreedores que tenía información que las armas fueron retiradas por otros acreedores como parte de la deuda.
Versión de la Dimabel
El teniente coronel Óscar Villagra, de la Dimabel, manifestó que efectivamente se apoderaron de las armas y municiones de Vip Security SA pero en ningún momento mencionó que haya sido en un operativo conjunto con la Fiscalía, tal como señaló Rojas.
El militar dijo que la semana pasada se constituyeron en el local de la empresa, porque le suspendieron la habilitación para la venta de armas y municiones, por los problemas administrativos que afronta actualmente. “Lo que hicimos fue revisar que no se vendan armas en forma irregular. Esto fue la semana pasada. Recogimos materiales que tenían en el depósito y lo llevamos a la Dimabel. Son todos materiales controlados por nosotros, armas de fuego y municiones. Esto hicimos únicamente por causa de la suspensión. Todos los materiales que retiramos están en los depósitos del Registro Nacional de Armas, en Semidei y ruta Transchaco”, explicó Villagra.
El abogado Villamayor habla de que la rapiña de armas y bienes se produjo en diciembre del año pasado, los de la Dimabel sostienen que se llevaron las armas la semana pasada. Rojas dice que acreedores se alzaron con las mismas y por eso intervino la Fiscalía. ¿Qué sucedió?