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Alegre, junto a la senadora Desirée Masi y el exministro del Interior Rafael Filizzola, impulsan la acción, ante indicios de que existiría una intención de incluirlos en la causa que investiga los sucesos acaecidos el 31 de marzo de 2017, específicamente la quema de la sede del Congreso.
En el escrito al que accedió ABC Color, se menciona el pedido del juez Alcides Corbeta a las operadoras de telefonía móvil sobre el extracto de llamadas entrantes y salientes de distintos números, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 y que a criterio de los mencionados existen serias irregularidades relacionadas en el pedido.
Los recurrentes consideran sumamente grave la forma en que estos datos fueron suministrados, supuestamente por pedido de la fiscal Brígida Aguilar, quien negó categóricamente tener vinculación con la causa del 31M y al mismo tiempo denunció su firma fue falsificada en dos oficios que fueron remitidos a la compañía Telecel SA a modo de obtener el cruce de llamadas.
Ante esta situación, los afectados solicitan la aclaración de los hechos y sobre todo, conocer dónde fue a parar la información privada que fue requerida a Telecel SA y determinar si la representante del Ministerio Público fue víctima de falsificación. De la misma forma individualizar a los autores de la misma.
En el mismo documento, Alegre, Masi y Filizzola proponen que el Ministerio Público remita oficios a la empresa telefónica Telecel con el objetivo de que se individualice y se remitan las copias autenticadas de los oficios que fueron remitidos a la firma por la fiscal Brígida Aguilar en los últimos cinco años, para cotejar las grafías.
De la misma forma, para individualizar a las personas que entregaron dichos oficios y retiraron las respuestas a estos, así como la entrega del circuito cerrado de la compañía donde obra la imagen de esa persona.