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La presentación de la denuncia estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Acevedo (PLRA), quien junto a sus colegas mantuvo una reunión con el fiscal general Javier Díaz Verón. Allí pidió al fiscal que no se preste a la intención del Ejecutivo de perseguir judicialmente a los parlamentarios que están en contra del proyecto de reelección presidencial.
La acción es contra de Luis Fernando Canillas, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, quien anteriormente había presentado una denuncia contra los legisladores opositores y disidentes colorados por supuestamente planificar en un grupo de WhatsApp el magnicidio de Cartes.
La demanda también va dirigida en contra de Franco González Báez, hermano del apoderado de la ANR, Édgar González Báez y María José Aguiar Pausier (esposa de Franco) y otros que sean investigados por la Fiscalía en los casos de que sean hallados como autores, instigadores o cómplices. Acusan a Canillas por lanzar una denuncia falsa vía Twitter al afirmar que la senadora Desirée Masi (PDP) tenía intención de contratar sicarios para matar a Cartes.
También mencionan la supuesta prueba que presentó Canillas donde se refiere a un complot de senadores que integran un grupo de WhatsApp. Como primer acto de persecución a inocentes mencionan que Canillas entregó el aparato celular sin contar con orden judicial, que el propietario del aparato es hermano del apoderado de la ANR y se evidenció que se alteraron más de 2.000 mensajes. La persecución a inocentes es castigada hasta con 10 años de cárcel.
Falsificación de firmas
El grupo de senadores que se oponen a la reelección presidencial vía enmienda constitucional, la próxima semana presentarán una denuncia por falsificación de firmas en el marco de la campaña a favor de la enmienda.
Los senadores colorados disidentes afirmaron que tienen pruebas de que existieron personas que no dieron su consentimiento para apoyar la campaña, pero que sin embargo aparecen en las planillas.
La demanda iría en contra de las autoridades partidarias que entregaron las planillas a la Justicia Electoral, según dijeron.