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El secretario de Estado convocó a una conferencia de prensa ayer en el Ministerio del Interior y, entre otras cosas, adjudicó toda la responsabilidad sobre la desaparición de la droga al jefe de Policía de Amambay saliente, el comisario principal Sebastián Talavera.
Dijo que Talavera fue advertido y avisado de que la cocaína iba a ser rescatada o suplantada por otra sustancia, pero que de igual manera no tomó las medidas preventivas e incluso se tomó vacaciones.
Fue en referencia a las seis bolsas cargadas con 252 kilos de cocaína que desaparecieron de la Jefatura de Policía, con sede en Pedro Juan Caballero, en la madrugada del sábado último.
“Esto no fue un robo ni una desaparición. Fue una entrega, una devolución”, remarcó Francisco de Vargas en tono molesto por la conducta de los agentes policiales que estaban a cargo de la custodia de la carga confiscada el 10 de enero pasado en una estancia de Zanja Pytã, en el departamento de Amambay.
“En teoría, la droga estaba guardada en el lugar más seguro posible, en la armería, bajo llave”, añadió.
Además del propósito de recomercializar la cocaína, el objetivo fundamental de este insólito caso de desaparición de la droga tiene que ver con una “contraofensiva” lanzada por los grupos de narcopolíticos que operan en la frontera, en respuesta a las acciones concretas que está tomando el Gobierno, agregó.
De Vargas explicó que la orden del presidente de la República, Horacio Cartes, es desnudar y socializar todos los casos de narcopolítica, no importa en qué nivel se detecten ni de quién se trate.
Recalcó que varias autoridades están involucradas en el caso, en alusión directa a los concejales locales César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Luis Bogado Martínez (ANR), salpicados a través de un informe de la propia Policía.
“Buscan atacar la estructura que está luchando contra la corrupción, por eso hago un llamado a todos los policías de bien”, exclamó.
“El camino más fácil para nosotros sería entregarnos, pero no estamos acostumbrados a eso”, advirtió en referencia a una posible renuncia al cargo.
El comandante de la Policía, Francisco Alvarenga, también fustigó duramente a los uniformados involucrados, a quienes llamó “excompañeros de trabajo criminales, que se disfrazaban de policías”.
Reveló que unos 60 agentes están en la mira.