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Florentín, único preso e imputado por el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, ocurrido el 1 de abril del 2017, explica en forma detallada cómo recibieron la orden del Crio. Burgos, actual director de Inteligencia de la Policía, para que unos 15 pelotones antidisturbios y unos 10 pelotones de la montada despejaran la parte delantera de la sede del Legislativo para ubicarse en la zona de playa de la Chacarita. La versión está en un audio emitido ayer por ABC Cardinal 730 AM y ratificada por la abogada del policía, María S. Rodríguez.
Florentín se queja porque dice que hace un año relató lo sucedido a la Fiscalía y a la justicia policial, pero nadie hace nada. Explica que al principio dudaron de la orden de ubicarse detrás del Congreso, donde no había “ninguna amenaza” o “ambiente hostil”, por lo que recurrieron al Crio. Burgos, quien les confirmó la orden. “Nos pareció rara esa directiva, lo que le dijimos al jefe de la compañía que se vaya a cerciorarse. Y él se va devuelta con los superiores y le acompañamos unos cuantos escopeteros, y donde le confirman que sí, que orden es orden y que pasemos íntegramente detrás del Congreso”, comenta.
El suboficial afirma que Burgos dio la orden del repliegue. “... la orden para irnos detrás del Congreso y abandonar el frente del Congreso fue Prudencio Burgos, él fue el que dio la orden”, insiste. Dice que mientras estuvieron detrás del edificio parlamentario, en la calle 15 de Agosto, se produjo la quema parcial del Palacio Legislativo. Luego, les ordenaron volver al frente, pero que todo ya había ocurrido.
La abogada Rodríguez señala que el repliegue de unos 350 policías fue de unos 45 minutos.
Florentín enfatiza que con la cantidad de pelotones antidisturbios, más cadetes policías, que formaron el primer anillo, y efectivos de orden y seguridad, que eran el segundo anillo, –el tercer anillo eran los antidisturbios– era imposible que se tome el Congreso. La intención del cartismo habría sido permitir la destrucción del Congreso para luego utilizar el hecho en contra de los opositores. La quema fue en la noche del 31 de marzo del 2017, en las protestas por el intento de enmendar ilegalmente la Constitución y habilitar la reelección.