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Gabriela Quintana en su acción pide que se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley 700/96 que reglamenta el Art. 105 de la Constitución Nacional, que prohíbe que una persona cobre dos salarios del Estado.
Los miembros de la Sala Constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y César Garay, corrieron traslado a la Fiscalía General del Estado y abrieron la puerta a la impunidad.
De esta manera si la Corte le da la razón a Quintana, los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa, en el que ella está como autora y como cómplices el acusado senador Bogado (cartista) y el exjefe de Gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Pérez, quedarán impunes.
Quintana fue contratada por Víctor Bogado en Diputados cuando él era el presidente de la Cámara Baja en el 2013 y luego pidió su contratación en Entidad Binacional Itaipú, pero Quintana no asistía a ninguno de sus dos trabajos, sino que cumplía con la labor de niñera de las hijas del legislador colorado cartista.
Por esto fueron imputadas las tres personas y en octubre pasado fueron acusadas y el caso elevado a juicio oral y público que se tiene que desarrollar en abril próximo.
Pero ahora Gabriela Quintana presentó la acción para que la Corte declare que la entidad binacional de Itaipú no es parte del Estado paraguayo y por ende no ser juzgada por doble remuneración. Sin embargo, La Ley 700/96 que reglamenta el Art. 105 de la Carta Magna es muy clara en su artículo 2° donde dice: “A los efectos de esta Ley, es funcionario o empleado público toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en la administración pública nacional, departamental, municipal, entes autónomos, autárquicos, descentralizados y binacionales”.
Las sospechas de una inminente violación de la Constitución vienen por el lado de que en una acción similar planteada por Carlos Raúl Cabrera, quien es funcionario de la entidad binacional Itaipú y también del Consejo de la Magistratura, la Sala Constitucional integrada por Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña, falló a favor del accionante el año pasado y actualmente Cabrera cobra dos salarios como funcionario público.
Ahora dos de los ministros que firmaron esa resolución (Fretes y Bareiro de Módica), deben dar su voto en el caso planteado por la “niñera de oro” de Bogado.