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El 18 de julio pasado, Itaipú y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) plantearon una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de nuestro país contra la exigencia de la Ley 5189 de publicar la lista completa de funcionarios con salarios, gratificaciones y otros beneficios extras.
La negativa de los directores de los dos entes, James Spalding y Juan Schmalko, respectivamente, llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que asumieron con el discurso de la “transparencia” y “buena gestión”. Bajo esos criterios fueron disminuyendo el número de funcionarios de los dos entes supuestamente porque querían evitar más “sangría presupuestaria”.
A 10 días de la presentación de la acción, la Sala Constitucional de la Corte, presidida por el colorado Víctor Núñez, aún no emite el fallo más esperado por la ciudadanía.
Disyuntiva
Por jurisprudencia, la Corte debe rechazar la acción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que ya había fallado en un caso similar a favor de la transparencia. En caso de rechazo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de enterarse aún más de las intimidades presupuestarias de los entes hidroeléctricos, que golpean fuertemente a la ciudadanía honesta, que en muchos casos sobrevive apenas con un salario mínimo y un aguinaldo.
Si la Corte falla a favor de los entes, probablemente vengan en cadena una serie de acciones de inconstitucionalidades de otras instituciones. Además, podría ser una buena oportunidad para que la ciudadanía también comience a cuestionar con más fuerza a este poder del Estado y a comenzar un nuevo proceso de juicio político.
Altas bonificaciones
Tres ministros de la Corte (Raúl Torres Kirmser, Alicia Puchetta de Correa y Bareiro de Módica), que integran el Consejo de Superintendencia, perciben G. 7 millones mensuales en concepto de bonificación, por gestión administrativa.
Además del salario, perciben gastos de representación, responsabilidad en el cargo, grado académico y antigüedad. Cerca de G. 40 millones cada uno (salario y beneficios).