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Desde el ente contralor insisten que el Poder Judicial solo busca “lavarse las manos” mientras que el Tribunal de Cuentas hace todo lo contrario ya que sigue recibiendo las rendiciones de las municipalidades sin remitirlas a la Contraloría.
El comunicado del Poder Judicial sostiene que las 156 sentencias favorables a municipios, gobernaciones y entes públicos que se han acogido a la inconstitucionalidad de la Ley 2.248/2003 “no señalan en caso alguno que le esté vedada a la Contraloría General de la República ejercer su función constitucional de auditar a las instituciones públicas”.
“La Contraloría dictamina, el Tribunal de Cuentas juzga. La Contraloría General de la República es un órgano administrativo que al culminar su trabajo emite un dictamen de carácter no vinculante, pues no hace cosa juzgada, ya que no tiene poder sancionador”, dice la Corte.
Sin embargo, voceros de la CGR señalan que aunque suscriben el comunicado de la Corte, en la práctica el Tribunal de Cuentas, presidido por el Juez Arsenio Coronel, sigue recibiendo las rendiciones y rechaza remitirlas a las Contraloría argumentando que ya es “cosa juzgada”.