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La lista de exautoridades con custodia policial, pagadas a costa del dinero de los contribuyentes, incluye expresidentes de la República, exparlamentarios y exfiscales, entre otros. (Ver el recuadro)
Solo Federico Franco (PLRA), quien gobernó el país de 2012 al 2013, tiene a su cargo un total de 11 agentes además de los cinco policías a cargo de su esposa, la senadora Emilia Alfaro de Franco (PLRA). Esta familia suma así 16 policías que podrían estar custodiando la seguridad ciudadana en las calles.
En comparación, el expresidente hoy senador Fernando Lugo (FG) y el exmandatario Nicanor Duarte Frutos (ANR) tienen asignados dos policías cada uno.
Los exfiscales también gustan de la compañía policial. El exfiscal general Rubén Candia Amarilla, quien actualmente ejerce la abogacía, tiene asignados cinco policías para su seguridad.
El exfiscal general Óscar Latorre tiene un agente asignado al igual que el exagente del Ministerio Público Pedro Ovelar Valenzuela.
El exsenador Orlando Fiorotto, hoy concejal de Asunción, tiene tres agentes para su seguridad. Se desconoce qué amenazas sufre.
Los exdiputados son los más propensos a solicitar custodia policial a costa del erario público. Entre ellos figuran Juan Cazal Ignacio Mendoza, Sebastián Acha, Blas Inecildo Riveros y el exsenador Nelson Argaña con un custodio cada uno. Exgobernadores y hasta exintendentes también pidieron protección policial.
Entre los casos pintorescos, la familia del difunto Blas N. Riquelme tiene asignados dos policías para su custodio particular.
La sede de la Junta de Gobierno, la ANR, tiene asignados un total de 12 policías. El otro partido con protección policial asignada es Unace, cuya sede tiene un agente para su resguardo.
Casos llamativos son las empresas del grupo de la familia del presidente de la República, Horacio Cartes. Tabesa cuenta con un total de 11 policías y Tabacos del Paraguay tiene otros tres agentes asignados.
El informe oficial de la Policía Nacional remitido al Congreso señala que 2.866 agentes custodian a parlamentarios activos, jueces, fiscales, ministros e instituciones públicas y privadas, además de empresarios que sufrieron amenazas de grupos criminales a un costo por encima de los US$ 17 millones al año.
Imputados gozan de protección policial
Numerosos senadores y diputados imputados por la Fiscalía gozan de protección policial mientras sus procesos se encuentran paralizados. El único peligro contra su seguridad sería que afronten la Justicia.
El senador liberal Enzo Cardozo, con dos procesos por delitos en el MAG, tiene asignados siete policías.
El senador Víctor Bogado (ANR), imputado por la el caso niñera de oro, tiene cuatro policías. Milciades Duré, diputado del PLRA imputado por sobrefacturar tierras, dispone de tres agentes.
El senador Nelson Aguinagalde (ANR) tiene tres policías y el diputado Óscar Núñez (ANR) tiene dos policías, ambos están procesados.