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El domingo a las 15:30, la Contraloría presentó la apelación a la resolución del juez Rubén Riquelme que ordena a la institución a proveer la declaración jurada de bienes de altos funcionarios públicos.
Entre las argumentaciones, en primer lugar, pone en duda las intensiones de los accionantes Juan Carlos Lezcano y el abogado Ezequiel Santagada, señalando que los mismos invocan su pertenencia al Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), suponiendo que utilizarían dicha información “para provecho particular de corporaciones con intereses sectorizados”. Con este argumento señalan que no poseen legitimación activa.
Según la ley de Acceso a la Información, la Contraloría es una fuente pública que debe proveer información pública (ver infografía) como la solicitada, referente a la divulgación de las declaraciones jurada.
Sin embargo, para el asesor jurídico del ente César Núñez, dicha norma colisiona con el 3, numeral 5, de la ley 5033 sobre Declaraciones Juradas, que señala que los declarantes deben dar “la autorización expresa e irrevocable que faculte a la Contraloría a través de los órganos jurisdiccionales a dar a conocer los datos contenidos en la declaración”.
Núñez, durante una entrevista en ABC Cardinal en la víspera, interpretó dicho párrafo señalando que establece un proceso abierto como requisito. “Nosotros entendemos que ese pedido o esa disposición se refiere a un juzgado competente en el marco de un proceso que demuestre la legitimación activa de las personas que requieren ¿y por qué? Porque el artículo 36 de la Constitución Nacional habla de que el patrimonio documental de las personas es inviolable, y que solo puede serlo por mandato judicial para los casos previstos en la ley y cuando no existan otros medios”, señaló.
En otra parte del escrito de apelación, manifiesta que no se ha tomado en consideración que la mayor parte de los datos no tienen vinculación con la condición de funcionarios públicos de los declarantes y “por ende, son de naturaleza privada”, sí son públicos los datos como la remuneración y la utilización de recursos.
Otra argumentación de Núñez manifestada a la radio fue que el pedido fue presentado de manera genérica complica aún más la situación. “La orden de provisión de las declaraciones juradas es genérica, y nuestra base de datos está cargada por nombre y número de cédula”, dijo.
En el escrito presentado el fin de semana, resaltaron además que la ley de Acceso a la Información (2014) es posterior a la ley de Declaraciones Juradas (2013), por lo que no tiene efecto retroactivo (artículo 14 de la Carta Magna).