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El viernes pasado, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) todas las documentaciones que guardan relación con la licitación anulada por sospechas de direccionamiento y sobrefacturación.
La Contraloría General de la República (CGR) le dio al presidente del directorio del IPS, Armando Rodríguez Franco, un plazo de cinco días hábiles (hasta este viernes) para que remita las documentaciones relacionadas al llamado del servicio de seguridad en el que se sospecha se buscaba contratar por G. 140.000 millones a la empresa Security Service Tecnology (SST) S.A., de Óscar Chamorro Lafarja.
En la nota enviada al IPS se detalla que la investigación es a partir del pedido del síndico de la Contraloría ante la Previsional.
Pedirán justificaciones
Por su parte, la Feprinco emitió un comunicado en el que asegura que de ahora en adelante el IPS deberá justificar ante la ciudadanía cualquier tercerización de servicios. Esto debido a la multiplicación de denuncias por malos manejos.