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La Corte Suprema de Justicia emitió ayer dos resoluciones suspendiendo todos los trámites del juzgamiento que estaba llevando a cabo el Tribunal de Cuentas, a las administraciones de la Municipalidad de Ciudad del Este a cargo de Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), y a la Gobernación de Alto Paraná, durante el periodo que el diputado cartista Justo Zacarías Irún en el 2017 estuvo a cargo.
El argumento esgrimido en la nota es “hasta tanto se formalice el convenio de trabajo entre la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República”, ordenando a su vez, que todos los documentos que el tribunal tiene en su poder, sean derivados en custodia a la Fiscalía de Cuentas Primer turno a cargo del fiscal Jorge Salinas. Las dos notas están firmadas por el camarista integrante del Tribunal de Cuentas Arsenio Coronel Benítez. El clan Zacarías no permitió la auditoría de sus respectivas administraciones a otros entes, que no fuera el Tribunal de Cuentas.
No pudieron controlar
El martes, un grupo de auditores fue hasta la Municipalidad de Ciudad del Este para acceder a las pocas documentaciones de la administración de McLeod del 2018. Una parte de los papeles sobre la administración del Clan ZI fue llevado al Tribunal de Cuentas y, otra parte, la correspondiente a la Dirección General de Contrataciones sobre las licitaciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2018, fueron incautados el 4 de octubre por el fiscal Luis Piñánez.
Sin embargo, el director de Control Gubernamental, Humberto Franco, manifestó que fueron recibidos por el jefe de gabinete, Óscar Ocampos y el secretario general Carlos Ávalos, quienes le dijeron que no contaban con autorización de la Intendente para facilitar documentos ni dar entrevistas, porque la misma se trasladó hasta Asunción.
Recién el viernes, la Comuna designaría un funcionario como nexo para el trabajo con los auditores.
Dos auditorías
La Municipalidad enfrenta dos auditorías. Una del ejercicio 2017, dispuesta a inicios de este año y que no se concretó porque todos los documentos fueron enviados al Tribunal de Cuentas. El contralor general Enrique García, durante su visita a la Intendencia el lunes, solicitó lo que queda de documentos del año pasado y otorgó un plazo de 10 días.
La segunda auditoría es del ejercicio 2018 y tenía que iniciarse el martes. Para esta última, se instalarán cuatro equipos de auditores y se estima que la investigación tenga una duración de 5 meses.
A esto, se suma la intervención que se lleva adelante en la Cámara de Diputados, a pedido de los concejales esteños.