Cargando...
El órgano superior de control remitió a la Procuraduría General una lista de instituciones públicas donde se detectaron perjuicios patrimoniales por un monto de G. 4.701.746.424. Una de las instituciones afectadas es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Refiere a obras “Pavimentación tipo empedrado de los tramos Horqueta-río Ypané, departamento de Concepción (paquete Nº 05), y Ruta III-Tacuatí, departamento San Pedro (paquete Nº 06), contratadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco de la licitación pública Nº 7/1999”, que se ejecutaron durante la gestión del entonces ministro José Alberto Planás (ANR).
“En tal sentido, acorde a las actividades de control realizadas por esta entidad fiscalizadora se han constatado varios indicios de hechos punibles resultante de pagos realizados por ajustes que no correspondían y la pérdida de garantías de las pólizas, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por un valor de G. 3.066.589.857, según se desprende del informe elaborado por el equipo auditor de la Unidad Organizacional competente de esta institución”, dice parte de la nota que CGR remitió a la Procuraduría en el 2014.
En el año 2010 la Contraloría General de la República también había remitido a la Fiscalía General del Estado un reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio sobre este mismo caso.
En su nota a la Procuraduría, la Contraloría General sugiere determinar una reunión de trabajo conjunta con representantes de ambas instituciones, “a fin de coadyuvar a la implementación de eventuales acciones para la recuperación de activos originados en hechos ilícitos o de corrupción, cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado paraguayo”.
Esto forma parte de un convenio de cooperación entre ambas instituciones del Estado por la que se comprometen, entre otras cosas, “realizar acciones preventivas y correctivas, y fortalecer las acciones conjuntas de control a efectos de lograr sancionar a los responsables de las conductas que atenten contra el patrimonio del Estado”, expresa.