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El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, de las fuentes públicas.
La Ley 5282, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, refiere en su artículo 2 que el Consejo de la Magistratura es una fuente pública, y aclara que solo se podrán negar datos cuando se encuentren establecidos en otras leyes como “secreto o de carácter reservado”.
Tanto la Carta Magna como la ley son claras. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, presidido por el abogado Osvaldo González, se niega a proveer información sobre los aspirantes a fiscal general del Estado, pese a la obligación constitucional y legal.
La negativa de los miembros del Consejo o la de su titular para dar a publicidad al puntaje y otros datos de los candidatos a dirigir el Ministerio Público incluso está sancionado por la Ley 5282, cuyo artículo 28 dice que “el incumplimiento de la norma se considerará falta grave” y los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de sanciones establecidas en la Ley N° 1626/000, “De la función pública”, que prevé la inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años.
La instrucción del sumario al o los funcionarios que violan la norma queda a cargo de la Función Público.
El Colegio de Abogados del Paraguay y la Coordinadora de Abogados, entre otros gremios, solicitaron al Consejo que informe respecto al proceso de selección de candidatos a fiscal general.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones el titular del órgano encargado de conformar las ternas de candidatos para el Poder Judicial y el Ministerio Público, afirmó que no proveerá ningún dato sobre los aspirantes y agregó que la trayectoria de los ternados, Javier Díaz Verón, Victoria Acuña y Sandra Quiñónez, todos conocen.
El senador liberal Enzo Cardozo, acusado por el desvío de G. 68.000 millones y G. 3.500 millones del Ministerio de Agricultura cuando era su titular, afirmó que los consejeros no tienen por qué informar a la ciudadanía.
Los consejeros no pueden desconocer lo que dice la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, que garantizan la entrega de información a los que la piden.
El Consejo, presidido por González, está integrado por el senador Cardozo; el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera; los representantes de los abogados, Adrián Salas y Claudio Bacchetta; Carlos Cabrera (Ejecutivo); el diputado Clemente Barrios y Cristian Kriskovich, por las universidades privadas.
cbenitez@abc.com.py