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El acuerdo no es otra cosa que una cesión de derechos que hace el Paraguay de su libertad de disponer de sus recursos hídricos.
En el artículo 8 del documento se establece que “las partes (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) procederán al intercambio adecuado de información técnica sobre estudios actividades y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del sistema Acuífero Guaraní”.
Agrega que “cada parte deberá informar a las otras partes de todas las actividades y obras a que se refiere el artículo anterior que se proponga ejecutar o autorizar en su territorio que puedan tener efectos en el Sistema Acuífero Guaraní más allá de sus fronteras”.
En otro párrafo dice que la parte que proporciona la información no ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades u obras proyectadas, siempre que la parte receptora lo demuestre prima facie que estas actividades u obras proyectadas le causarán perjuicio sensible en su espacio territorial o su medio ambiente. “En este caso, la parte que pretende realizar las actividades u obras se abstendrá de iniciar o de seguirlas mientras duren las consultas y negociaciones que deberán concluirse dentro del plazo máximo de seis meses”, acota.
El Ejecutivo había justificado la firma del acuerdo señalando que actualmente los países utilizan el recurso natural compartido sin ningún tipo de responsabilidad para con los otros propietarios, lo que aseguraba que se subsanará con este documento.
La entrada en vigencia de este acuerdo ahora depende de los Diputados, quienes deberán decidir si lo aprueban o no.